El gobierno nacional aclaró este martes que busca "transparentar" el sistema de otorgamiento de pensiones por discapacidad y culpó al kirchnerismo de haber tenido un "manejo clientelar y corrupto" de ese beneficio, mientras que el FpV y el socialismo presentaron en el Congreso proyectos para dar marcha atrás con las suspensiones.

 

Desde el Gobierno, el presidente de la Comisión Nacional de Pensiones Asistenciales (CNPA), Guillermo Badino -que depende del Ministerio de Desarrollo Social- denunció el "manejo clientelar y corrupto" que el kirchnerismo hizo de las pensiones de discapacitados durante 12 años y explicó que el organismo a su cargo está buscando una "administración transparente" para evitar la "discrecionalidad" en el otorgamiento de los beneficios.

 

Según explicó y publicó la agencia de noticias estatal Télam, "no se trata de bajas sino de suspensiones preventivas que están todo el tiempo en revisión, ya que es algo dinámico y, si hay errores, se reparan inmediatamente".

 

Además, el funcionario consideró que el tema "ha sido totalmente desvirtuado" y que "alguien quiso instalar esto" como una medida polémica.

 

En ese marco, se explicó que las bajas tienen como causa "incompatibilidades e irregularidades detectadas en las revisiones periódicas que se realizan en forma habitual" y que las revisiones "son una obligación de todos los gobiernos".

 

De hecho, la CNPA informó que en 2015 -con el gobierno de Cristina Kirchner- fueron dadas de baja 168.500 pensiones mientras que en 2016 -ya con el presidente Mauricio Macri- se dieron de baja 90.000 pensiones.

 

"No hay cifras concretas ni hay ningún decreto que hayamos sacado de la manga; es el decreto que reglamenta la función de la comisión", explicó Badino en referencia al decreto 432 que firmó el ex presidente Carlos Menem en 1997 y que, durante el kirchnerismo, se flexibilizó para que más personas pudieran acceder al beneficio.

 

Según Badino, el gobierno anterior llevó adelante un "manejo corrupto para distribuir las pensiones" y administró "con un manejo clientelar y de forma muy irresponsable entregando pensiones a personas que no reunían los requisitos. Ahora estamos administrando en forma transparente y responsable que es lo que no se hizo en los últimos 12 años", sostuvo el funcionario.

 

"El objetivo de la actual gestión es brindar transparencia al sistema, de manera de asegurar su sustentabilidad y de evitar la discrecionalidad en el otorgamiento de las pensiones", destacaron desde la comisión que preside Badino.

 

En el mismo sentido, el viceministro de Desarrollo Social de la Nación, Gabriel Castelli, explicó a la agencia de noticias estatal Télam que "no es una baja, es una suspensión transitoria por cruces de información que demuestran que ha mejorado significativamente el ingreso de las personas" y precisó que "las pensiones por discapacidad no solamente están asociadas a la discapacidad laboral, que en muchos casos se han otorgado de manera incorrecta en los últimos años, sino que también está asociada a la vulnerabilidad del grupo familiar".

 

En un alto del encuentro Argentina 2030, que se desarrolló esta mañana en el Centro Cultural Kirchner (CCK), Castelli añadió: "Cuando uno encuentra situaciones que demuestran lo contrario, que la vulnerabilidad no es tal por acceso a determinados bienes que demuestran que la persona no está en situación de vulnerabilidad, se la suspende (a la pensión) hasta que esa persona demuestre que la situación de vulnerabilidad tiene una explicación que habilita que se le restituya".

 

"No tenemos ni siquiera la información confiable de los domicilios y los teléfonos", indicó el viceministro como una de las dificultades detectadas, y remarcó que las restituciones, en caso de corresponder, serán inmediatas "en la medida que la persona se presenta en las oficinas que tenemos a lo largo de todo el país, demuestra su situación, se analiza el caso y se la restituye".

 

En tanto, senadores nacionales del Frente para la Victoria-PJ presentaron un proyecto de ley para derogar incisos del decreto 432/1997, aplicados por el ministerio de Desarrollo Social de la Nación para disponer la suspensión de pensiones por discapacidad.

 

En tanto, la Comisión de Discapacidad de la Cámara de Diputados, que preside Alberto Ciampini (FPV-Neuquén), presentó un proyecto de declaración impulsado por la legisladora socialista Gabriela Troiano, en el que se pide la derogación del decreto de 1997 y pide el "urgente tratamiento" del tema en el recinto.