Nueva interna libertaria: Bullrich cruzó a Insfrán y chicaneó a Milei por los periodistas presos en Formosa

La interna en el oficialismo sumó un nuevo capítulo luego de que Patricia Bullrich saliera a cruzar al gobernador formoseño Gildo Insfrán y marcara una marcada distancia con la postura de Javier Milei. La jefa del bloque de senadores de La Libertad Avanza cuestionó sin vueltas la condena judicial que recayó sobre cuatro integrantes de un equipo de prensa que investigaba las condiciones de vida en una comunidad originaria de ese distrito.

Todo explotó en las redes sociales, el terreno preferido de la política criolla. A través de su cuenta de X, la dirigente lanzó: “En Formosa, hacer periodismo puede costarte cinco días de arresto”. En la misma línea, disparó: “¿Pedir permiso para hablar con ciudadanos? ¿Qué clase de libertad y democracia hay en Formosa? La libertad de prensa se respeta”. Para Bullrich, Insfrán opera bajo la lógica de que “la provincia y los formoseños le pertenecen”.

El chispazo expone una grieta expuesta en la cima del poder, ya que el pronunciamiento de la senadora llegó apenas un día después de que el propio Milei saliera a aplaudir el fallo judicial y se despachara con durísimos calificativos contra los trabajadores de prensa afectados.

Radiografía del fallo y los involucrados

La soga judicial apretó el cuello de la cronista Micaela Urdinez, el camarógrafo Lautaro Martín Guillamondegui, el sonidista Joaquín Rajadel y el director audiovisual Javier Federico Corbalán. Todos ellos fueron alcanzados por la resolución firmada por el juez de Paz de Menor Cuantía de Las Lomitas, Omar Padilla.

• Expediente: Fallo N° 351/2026.
• Sanción original: Cinco días de arresto para cada uno de los cuatro trabajadores.
• Alternativa al encierro: Una multa económica fijada en $282.550 por cabeza.
• Infracción invocada: Artículo 73 del Código de Faltas de Formosa (ejercer la labor sin autorización previa ni carnet habilitante).

El origen del escándalo se remonta a septiembre de 2025. En aquel entonces, el equipo periodístico desembarcó en la comunidad originaria San José —enmarcado en el proyecto Hambre de Futuro, del medio La Nación— para registrar la dura realidad cotidiana de sus pobladores.

La cobertura terminó de la peor manera: la policía local interceptó a los cronistas y los demoró durante dos horas en una dependencia tras una denuncia impulsada por el cacique Guillermo López. Como para completar el sainete, el propio referente comunitario admitió más tarde que ni siquiera sabía qué era lo que había firmado.

El repudio de las entidades periodísticas

El portazo judicial desató una inmediata reacción en bloque de las organizaciones de prensa del país, que salieron a marcarle la cancha al poder feudal de Formosa:

1. ADEPA (Asociación de Entidades Periodísticas Argentinas): Manifestó su rechazo absoluto y recordó un principio constitucional básico: en la Argentina no existe ningún tipo de licencia, matrícula o venia estatal obligatoria para ejercer el periodismo.
2. FOPEA (Foro de Periodismo Argentino): Condenó la sentencia al advertir que el aparato judicial formoseño transformó una cobertura informativa legítima en un delito punible.

Mientras el periodismo nacional pone el grito en el cielo por la avanzada autoritaria en el norte argentino, el oficialismo nacional exhibe sus cortocircuitos: mientras el Presidente festeja fallos a la carta, su principal espada en el Senado sale a recordar que las garantías constitucionales no se negocian.