Condenan al diputado provincial Martín Balsa y al tesorero de Nuevo Encuentro por el manejo irregular de fondos partidarios

La Justicia Federal de Santa Rosa, a través del juzgado con competencia electoral a cargo del juez Juan José Baric, emitió un fallo condenatorio en el marco de la causa abierta tras la impugnación de los balances del partido político Nuevo Encuentro por la Democracia y la Equidad en su distrito La Pampa.

La resolución judicial impuso una pena de inhabilitación por el lapso de seis meses tanto al presidente de la fuerza y actual diputado provincial, Martín Horacio Balsa, como al tesorero partidario, Maximiliano Nahuel Zorrilla.

Sanciones e infracciones legales

La penalización inhabilita a ambos dirigentes para elegir y ser elegidos en comicios destinados a cargos públicos nacionales y partidarios, prohibiéndoles además el ejercicio de cualquier función pública o partidaria durante el tiempo que dure la medida.

El magistrado los encontró coautores de la infracción establecida en el artículo 63, inciso b), de la Ley 26.215 de Financiamiento de los Partidos Políticos, debido a la imposibilidad de certificar fehacientemente tanto el origen como el destino del dinero manejado durante el periodo contable 2024.

De acuerdo con la investigación llevada adelante por la fiscal federal Iara Silvestre, la agrupación no percibió recursos públicos en 2024 porque pesaba sobre ella una sanción judicial previa informada por la Dirección Nacional Electoral.

Problemas en los ingresos y egresos

En el plano de los aportes privados, el partido acumuló $3.340.869,71 mediante transferencias enviadas por la Cámara de Diputados de La Pampa, originadas en descuentos salariales a afiliados que cumplen funciones públicas. Sin embargo, al depositarse estos fondos como una masa dineraria global, no se pudo individualizar de manera fehaciente a los donantes ni en el movimiento bancario ni en los registros contables, incumpliendo con los parámetros de trazabilidad exigidos por la ley.

En cuanto a las salidas de dinero, la pesquisa detectó la extracción de $823.582 por medio de cinco cheques librados al portador contra la cuenta oficial del partido en el Banco de la Nación Argentina. De ese total, la Justicia corroboró que solo se logró validar un gasto de $14.000 abonado a un proveedor formal, dejando un saldo remanente de $809.582 totalmente carente de respaldo y trazabilidad.

Irregularidades documentales destacadas por el tribunal

• Cheques cobrados por la defensa: Tres de los documentos al portador fueron efectivizados por caja por la abogada defensora de los acusados.
• Comprobantes ajenos: Presentación de facturas emitidas a nombre de la estructura nacional partidaria, pagos por honorarios a una particular y tickets de combustible vinculados al CUIL de la letrada.
• Facturación fuera de término: Inclusión de un comprobante fechado en septiembre de 2023 para justificar gastos del ejercicio 2024.
• Gastos sin respaldo: Anotaciones en el Libro Diario por rendiciones de $44.000 y $55.000 sin documentación alguna.

Balance desaprobado y ausencia en el debate

El tribunal recordó que los estados contables del año 2024 fueron rechazados formalmente porque el Libro Diario se confeccionó de manera irregular —con fotocopias y hojas adheridas que violaron el principio de inalterabilidad—, lo que imposibilitó las tareas de auditoría del Cuerpo de Contadores de la Cámara Nacional Electoral.

Asimismo, el juez dejó constancia de que los imputados Martín Balsa y Maximiliano Zorrilla, junto a su abogada particular, optaron por no concurrir a la audiencia de juicio oral, por lo que el proceso se desarrolló en rebeldía conforme a las normativas del Código Electoral Nacional. Al fijar la sanción en medio año, el magistrado tuvo en cuenta la ausencia de antecedentes penales de los implicados, aunque advirtió sobre la gravedad institucional que implica vulnerar la transparencia en el sistema de financiamiento de la política.