Tal como lo había anticipado la ministra de Salud y Desarrollo Social, Carolina Stanley, el Gobierno derogó la resolución 3158/2019, que había actualizado el protocolo para la interrupción legal del embarazo. La misma había sido firmada por el secretario de Salud, Adolfo Rubinstein, y publicada en el Boletín Oficial del miércoles pasado.

 

La normativa desató una polémica inesperada para los últimos días del mandato de Mauricio Macri, dado que según el presidente se trató de una decisión unilateral de Rubinstein, por lo que solicitó expresamente que se diera marcha atrás. De esta manera, el decreto 785/2019, rubricado por el propio presidente, el jefe de Gabinete Marcos Peña y Stanley, dejó sin efecto la medida anterior.

 

Según lo publicado hoy en el Boletín Oficial, “la resolución citada fue dictada por la Secretaría de Gobierno de Salud sin consultar la opinión de sus superiores jerárquicos, máxime teniendo en particular consideración la relevancia e implicancias de las cuestiones en ella reguladas”.

 

Además, el texto destacó que el titular de la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia manifestó “no haber participado del proceso de formulación de la misma, aun cuando varias de las disposiciones del mencionado Protocolo, repercuten en los derechos de niñas y adolescentes”. A su vez, se recalcó la falta de intervención del Consejo Federal de Niñez, Adolescencia y Familia, de la Agencia Nacional de Discapacidad y del Instituto Nacional de las Mujeres.

 

En tanto, sobre el cierre del escrito se recordó que “el Presidente de la Nación es el jefe supremo de la Nación, jefe del gobierno y responsable político de la administración general del país”, en una clara alusión a la insubordinación de Rubinstein.

 

 

La ministra Stanley ya había anunciado que el protocolo sería derogado por pedido de Macri, ya que sin haber consultado a todas las entidades gubernamentales mencionadas el protocolo resultaba nulo y se podía revocar.

 

En la misma dirección, el ministro de Educación, Alejandro Finocchiaro, había insistido: “La resolución se va a derogar y tiene que ver con una cuestión de formas. No se está haciendo un juicio de valor sobre la norma ni sobre el secretario de salud, por eso no se le pidió la renuncia”. Sin embargo, con la derogación consumada, se especula con la posibilidad de que Rubinstein presente su renuncia hoy mismo.

 

Por otra parte, Finocchiaro había descartado impulsar un nuevo protocolo antes del 10 de diciembre. "Cuando falta tan poco para dejar el poder, un gobierno administra pero no toma decisiones de fondo en temas sensibles que pueden comprometer a la próxima gestión”, explicó.

 

Más allá de la decisión de derogar la resolución a las pocas horas de ser publicada y de los testimonios de Stanley y Finocchiaro, la polémica continuó extendiéndose y se convirtió en un incendio difícil de apagar a pocos días del traspaso del mando. Así, otros funcionarios oficialistas, como el diputado Federico Pinedo, también habían salido al cruce de la decisión del secretario de Salud al considerarla “lamentable y claramente inconstitucional”.

 

En contrapartida, dirigentes de la UCR, socio del PRO en el armado del frente Cambiemos, salieron en defensa de Rubinstein y creyeron necesaria la renovación del protocolo. Ernesto Sanz y Ricardo Gil Lavedra fueron algunos de los que se expresaron en contra de la derogación. Luego, los diputados radicales emitieron un comunicado en conjunto solicitándole al presidente Mauricio Macri que reviera su postura.

 

Uno de los más duros fue Martín Lousteau, recientemente elegido como senador por Juntos por el Cambio, opinó: “Es una verdadera pena que el Presidente decida en sus últimos días en el poder hacer un retroceso tan grande. Reafirmamos nuestro compromiso con la Ley de interrupción voluntaria del embarazo como una política central de salud pública y con la lucha llevada adelante por el colectivo de mujeres y jóvenes”.

 

Independientemente de las distintas posturas, con la publicación de hoy volverá a estar vigente el protocolo anterior, que regía desde 2015 de acuerdo a “normativas internacionales”.

 

Por otra parte, Rubinstein definirá su futuro en las próximas horas. El secretario de Salud, que desembarcó en el gabinete de Macri en octubre del 2017 tras la renuncia de Jorge Lemus y apadrinado por Ernesto Sanz, tenía rispideces con la cúpula del Poder Ejecutivo desde hace rato. Por ejemplo, cuando en septiembre del año pasado su cartera se convirtió en secretaría y fue absorbida por Stanley, con quien nunca logró congeniar del todo.

 

La publicación de la resolución 3158 en el Boletín Oficial del miércoles terminó de tensionar esa relación. Si bien desde el propio entorno del funcionario reconocieron que la oficialización de la norma fue de manera “inconsulta”, quedó en evidencia la falta de control gubernamental, en este caso de la Secretaría Legal y Técnica.

 

A través del Decreto 785/2019 publicado hoy en el Boletín Oficial, el Gobierno derogó la resolución que había firmado el secretario de Salud de la Nación, Adolfo Rubinstein, que establecía los procedimientos para la realización de la Interrupción Legal del Embarazo (ILE), y explicó los argumentos por los cuales la medida quedó sin efecto.

 

• Entre otras cosas, el Ejecutivo señaló que el funcionario actuó “sin consultar la opinión de sus superiores jerárquicos, máxime teniendo en particular consideración la relevancia e implicancias de las cuestiones" que se estaban tratando.

• El texto aseguró que Rubinstein no cumplió con la Ley Nacional de Procedimientos Administrativos y resaltó que “el Presidente de la Nación es el jefe supremo de la Nación, jefe del gobierno y responsable político de la administración general del país”.

• El Gobierno recordó que antes de emitir una resolución "deben cumplirse los procedimientos esenciales y sustanciales previstos y los que resulten implícitos del ordenamiento jurídico”.

• “La situación descripta significó que no se pudo conformar adecuadamente la voluntad de la Administración representada en la intervención de todos los organismos competentes en la materia”, agregó el decreto, que lleva la firma del presidente Mauricio Macri, del jefe de Gabinete, Marcos Peña, y de la ministra de Salud y Desarrollo Social, Carolina Stanley.

• El Ejecutivo precisó que no fueron consultadas al respecto ni la Secretaría ni el Consejo Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia, como así tampoco la Agencia Nacional de Discapacidad ni el Instituto de las Mujeres, aun cuando “varias de las disposiciones del mencionado Protocolo, repercuten en los derechos” de las personas representadas por estos organismos.

• El decreto remarcó que la cuestión planteada en la resolución de Rubinstein “tiene estrecha vinculación con el proyecto de reforma del Código Penal de la Nación que fuera remitido al Honorable Congreso de la Nación”.

• En otro de los considerandos se detalló que “la inobservancia de los trámites y formalidades que deben cumplirse antes de emitir la voluntad administrativa, vicia dicha voluntad”.

• Por último, se precisó “que el artículo 17 de la Ley Nacional de Procedimientos Administrativos N° 19.549, establece que el acto administrativo afectado de nulidad absoluta se considera irregular y debe ser revocado o sustituido por razones de ilegitimidad aun en sede administrativa”. “En virtud de lo expuesto y teniendo en especial consideración las argumentaciones que surgen de las presentaciones efectuadas por la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia, la Agencia Nacional de Discapacidad, el Instituto Nacional de las Mujeres y el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos se estima conveniente derogar la referida Resolución de la Secretaría de Gobierno de Salud del Ministerio de Salud y Desarrollo Social N° 3158/19”, finalizó el decreto.