Según publica Infobae, en la PIA determinaron que los subsidios fueron entregados sin controlar que, por ejemplo, varios de los presupuestos de gastos hechos por diferentes entidades eran iguales pero diferían en los montos. En algunos expedientes de los subsidios se detectó, inclusive, documentación duplicada: usaron papeles idénticos para pedir subsidios diferentes. Los pedidos de subsidios no fundamentaron la propuesta de intervención requerida y algunos tenían los mismos diagnósticos de situación en los que se repetían descripciones y detalles.

 

La investigación de la PIA detectó falta de correlatividad de los actos administrativos ya que para darle validez al trámite, se antedataron documentos y de esa manera pudieran otorgarse los subsidios. La mayoría de las resoluciones fueron firmadas en diciembre de 2014 y con una celeridad que también llamó la atención de los investigadores.

 

Según la denuncia de Rodríguez, hubo una “total falta de control por parte de las autoridades” de los fondos otorgados y del cumplimiento del fin social al que estaba destinado el dinero.

 

Otra de las irregularidades determinadas fue la ausencia de control en la rendición de los fondos otorgados. La PIA señaló que no hubo presentaciones con los gastos sino hasta que los receptores de los subsidios fueron intimados mucho tiempo después. En varios expedientes se detectaron tanto irregularidades en la otorgamiento del subsidio cuanto en la presentación de las rendiciones de cuentas. Y a pesar de ello se otorgaron nuevos pagos, sin la verificación tanto del inicio de las obras para las que fuera destinado el dinero como de su ejecución en tiempo y forma. Para la PIA se distribuyeron subsidios sin control y sin siquiera cumplir con los formalismos pertinentes para montar “una puesta en escena, a los fines de poder aparentar un legal procedimiento de entrega de subsidios”.

 

El fiscal Rodríguez imputó a Molina, Lerner y Moro y a otras 15 personas que tuvieron relación directa -desde el punto de vista administrativo- con el otorgamiento y el pago de los subsidios irregulares.

 

En la denuncia Rodríguez dejó abierta la posibilidad de que sean imputadas también las autoridades de las entidades que recibieron los subsidios.

 

Ellas son la Fundación María de los Ángeles por la lucha contra la trata de personas, la Asociación Civil Institución Salesiana San Francisco Javier, la Asociación Civil Sol de Mayo, la Asociación Civil Madres contra el paco y por la vida y la Fundación Padre Miguel.

 

Y además la Asociación Civil Ushuaia Participa, la Fundación Creando Futuro, la Universidad Nacional del Chaco, la Universidad Nacional de la Patagonia Austral, la Fundación para la Integración Federal, la Asociación Civil Hijos de Fierro, la Asociación Civil Mujeres Evita, el Club Atlético Lanús , el Club Social Deportivo de la Cárcova, la Asociación Civil Organizados por Mercedes, la Fundación Moviendo Montañas y la Asociación Civil Campo Social por la Prevención del Delito.

 

También recibieron subsidios de la SEDRONAR las provincias de Santiago del Estero y San Juan y las municipalidades de Tres de febrero, Concordia, Rosario, Castelli, Gral. Pueyrredón, Paraná, Colón, Moreno, Río Gallegos, Caleta Olivia, Calafate, Goya, Marcos Paz, Chivilcoy, San Miguel de Tucumán y de José C. Paz.

 

El caso le tocó por sorteo al juez Sebastián Ramos quien le delegó la investigación al fiscal Eduardo Taiano. Según fuentes judiciales el fiscal Taiano está cerca de pedir las primeras medidas de prueba para que formalmente comience la investigación judicial iniciada a partir de la denuncia de Rodríguez.

Fuente: Infobae