El encuentro de la Organización Federal de Estados Productores de Hidrocarburos (OFEPHI) fue una de las determinaciones que se tomó la semana pasada en la cumbre patagónica de Villa La Angostura. 

 

Las gobernaciones van a coordinar una estrategia de presión al Gobierno, con el objetivo de exigir modificaciones a la Ley Ómnibus. 

 

El encuentro será al mediodía en el Consejo Federal de Inversiones (CFI), en el barrio de Retiro, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.Del encuentro participarán representantes de Neuquén, Tierra del Fuego, Chubut, Santa Cruz, Río Negro, La Pampa, Salta, Jujuy, Mendoza y Formosa. Son distritos que realizan explotación, exploración y exportación de gas y petróleo y que decidieron esa organización desde el año 1984.

 

Están confirmadas las presencias de los mandatarios provinciales Ziliotto, Rolando Figueroa (Neuquén), Alberto Weretilneck (Río Negro), Ignacio Torres (Chubut), Carlos Sadir (Jujuy), Gustavo Melella (Tierra del Fuego) y Claudio Vidal (Santa Cruz), quien en la cumbre patagónica estuvo ausente. En tanto que no se descarta que Salta, Mendoza y Formosa puedan enviar en representación de cada provincia a funcionarios especializados en el área energética.

 

De hecho, los ministros y secretarios de energía de esos 10 estados subnacionales están en contacto y mantienen reuniones periódicas para unificar criterios. En paralelo, los gobernadores coordinan una estrategia política de presión al Poder Ejecutivo. La mayoría ha mantenido contacto con Guillermo Francos, ministro del Interior de la Nación, y le transmitieron sus diferencias con varios puntos del corpus normativo que tiene 660 artículos que buscan reformar el Estado y avanzar en desregulaciones masivas.

 

La postura de los gobernadores, en la que coinciden el PRO, peronistas y radicales, es que no convalidarán ningún punto de la Ley Ómnibus que afecte intereses provinciales, de las economías regionales y de recursos estratégicos relevantes para cada territorio.

 

Los gobernadores tienen ascendencia sobre una porción de legisladores nacionales que resultará clave para destrabar la aprobación del articulado cuyo corazón pergeñaron Federico Sturzenegger y Luis Caputo, ministro de Hacienda de la Nación. Harán valer ese peso, porque conocen que Milei no puede poner emitir dictamen en el plenario de comisiones ni lograr el quórum en el recinto de ninguna de las Cámaras: el oficialismo tiene 38 diputados y 8 senadores.

 

El objetivo de la cumbre será analizar el Capítulo 9 sección 1, del proyecto de Ley Ómnibus, referido a energía. Los gobernadores exigen que se eliminen o modifiquen 30 artículos. Algunos conceden al Ejecutivo ser autoridad de aplicación de la legislación hidrocarburífera, un punto objetado por inconstitucional. "Es una discusión ya saldada con la sanción de la Reforma de la Constitución Nacional", expresaron los jefes provinciales en el documento suscripto en Villa La Angostura.

 

"No nos queremos convertir en una colonia de la cual se continúen extrayendo recursos naturales baratos a cambio de una pobre compensación", advierten los gobernadores en otro tramo. Además, señalaron que están dispuestos a acompañar buena parte de los aspectos de la Ley Ómnibus y que coinciden con el objetivo de incentivar las inversiones en el sector petrolero. Aunque sostuvieron que "ese objetivo debe ser cumplido asegurando no solo la sustentabilidad económica de los inversores, sino también la sustentabilidad social y ambiental de las poblaciones y las regiones donde se desarrolla esta actividad".

 

Otro de los puntos sobre los que solicitaron modificaciones es respecto a los artículos que determinan los montos de los Cánones de Exploración y Explotación. "Pedimos que el monto máximo a gravar con derechos de exportación a los hidrocarburos no pueda superar el 8% actualmente vigente".

 

En este sentido, un tema que generará ruido en la reunión es que un sector importante de los gobernadores no están dispuestos a dar el visto bueno a la privatización de YPF. El proyecto de ley de Balcarce 50 pretende pasar a manos privadas un grupo de 41 empresas estatales. Una de ellas es la petrolera de bandera. "Privatizar una empresa que vale un tercio de lo que debería valer, con los activos que tiene, no me parece que sea inteligente", dijo Nacho Torres, de Chubut, en declaraciones a Radio La Red. "A nosotros lo que nos interesa de YPF es que se labure. Hoy la prioridad tiene que ser generar laburo, crecer y exportar", agregó el gobernador.

 

El Gobierno está dispuesto a atender los reclamos de los líderes provinciales. El capítulo petrolero se suma a otros temas sobre los que los gobernadores exigieron cambios, como en biocombustibles, eliminación de retenciones a las economías regionales, una parte de la reforma electoral (centralmente el intento de aplicar la circunscripción uninominal en el sistema electoral para elegir los representantes del Congreso).

 

Un tema sobre el que los gobernadores ya lograron que el Gobierno retroceda es sobre la desregulación del régimen pesquero. Las provincias y municipios afectados por esa actividad salieron al cruce de Milei y exigieron retrotraer la iniciativa y sostener las medidas que protegen la pesca dentro de las 200 millas marítimas de la plataforma argentina.