El incidente ocurrido en San Rafael ayer por la tarde, con la muerte de 15 personas, recordó lo ocurrido en febrero en alta montaña, donde las víctimas fatales fueron 19. En ambas tragedias hay puntos en común: sospechas de exceso de velocidad e impericia en la conducción por zonas de montaña, falta de respeto a las normas y dudas sobre la pericia de los choferes. 

 

No viajaron en un colectivo de línea sino en un servicio contratado. La empresa se llama Talcahuano y al menos según lo que figura en la página oficial, no está habilitada por la Comisión Nacional Reguladora del Transporte. Ese organismo es el único encargado de las habilitaciones para transportes interprovinciales. El colectivo tampoco está habilitado y así figura en la página de la CNRT. Lo llamativo es que cruzaron todo el país sin que nadie alertara la irregularidad.

 

El vuelco ocurrió alrededor de las 16, en el camino de regreso. El colectivo osciló, derrapó y chocó contra un risco. La mecánica sería similar a la ocurrida en febrero en la ruta 7 y hasta el tipo de heridas de las víctimas son similares. La policía recibió el alerta y prepararon a los médicos del Hospital Schestacow para lo que podía venir. En Mendoza se armó un comité de emergencia en el Hospital Central con la ministra Najul a la cabeza. Con pocas noticias oficiales, enviaron 10 ambulancias. Luego se descubrió que el panorama era peor de lo esperado y que muchos de los heridos eran niños. 

 

El colectivo estaba a cargo de dos personas que eran padre e hijo. Quien manejaba en ese momento era el hijo y falleció. El otro conductor está internado. Con uno de los posibles acusados muerto, parte de la causa penal podría cerrarse, aunque igual debe reconstruirse lo que sucedió para buscar si hay más responsables. El juez Pablo Peñazco, a cargo del segundo juzgado de instrucción, investiga el incidente.