Las empresas denominan a los problemas derivados de esta clase de juicios como "costos laborales no salariales". En una pequeña empresa, que fabrica calzado de alta gama por dar un ejemplo, el costo por "previsión de litigiosidad laboral" es casi más alto que el de la energía que utiliza para fabricar sus productos. Es decir que la empresa paga tanto por su suministro eléctrico -cuyo importe se multiplicó varias veces, por la quita parcial de subsidios estatales- como por la plata que tiene que ir separando en caso que le inicien un juicio de trabajo. 

 

En un par de zapatos/zapatillas, el costo de la energía ronda los $ 13, mientras que otro tanto se "previsiona" (o resguarda) para eventuales pleitos laborales. Asimismo, aseguran que el país posee uno de los niveles de ausentismo laboral más altos del mundo, como evidenció el gobierno provincial bonaerense en la discusión paritaria con los docentes estatales. Eso también se extiende, aunque en menos medida, al sector privado. 

 

"Hay aspectos que nos pegan más a las pymes que a las grandes empresas. Las compañías de cierto tamaño pueden mandar inspectores a los domicilios de los trabajadores. Pero lo más chicas no tenemos esos recursos", contó un ejecutivo que solicitó mantener el anonimato. "El reclamo de los juicios laborales nos importa mucho más a los chicos y medianos que a las empresas grandes, que saben como resguardarse", asegura. 

 

"La industria del juicio está afectando negativamente a las empresas", plantean desde la Cámara de Empresas Mineras de Córdoba (Cemincor). "Aumentan los costos de las ART y las compañías no son informadas del comienzo de la demanda, sino que son notificadas al momento de la sentencia o primera audiencia. Existe una estructura funcional armada donde participan principalmente abogados junto con profesionales de la salud", detallan. 

 

"No hay peritos laborales judiciales, porque es un trabajo mal remunerado. Y los abogados consiguen que les validen sus demandas increíbles a través de peritos privados, que están bien pagos. Tanto los peritos como los abogados y los jueces que firman sentencias millonarias se quedan con comisiones sobre el total de lo cobrado", denuncia otro directivo que dice estar recopilando evidencias para llevarle al presidente Macri.