Patricia Bullrich cuestionó las modificaciones del Gobierno sobre la Ley de Discapacidad en el Presupuesto

La senadora nacional Patricia Bullrich, quien encabeza el bloque de La Libertad Avanza en la Cámara alta, expresó su malestar y cuestionó los cambios introducidos por el Poder Ejecutivo en la Ley de Emergencia en Discapacidad dentro del proyecto de Presupuesto 2027, al tiempo que reconoció que no estaba al tanto de dichas modificaciones.

Durante una entrevista concedida a Radio Rivadavia, la legisladora detalló: “Me sorprendió, porque estando en la mesa política del Gobierno el tema no salió a la luz. Llegó el Presupuesto 2027 al Congreso, con esta introducción de cambios en la Ley de Discapacidad, que no eran conocidos”.

Bullrich indicó que la iniciativa se encuentra actualmente bajo análisis en la Cámara de Diputados y recordó que existía un entendimiento previo entre el oficialismo y la oposición para abordar este asunto. “El tema está en comisiones de Diputados, había un acuerdo político entre el oficialismo y la oposición para discutirlo”, puntualizó.

En la misma línea, añadió: “Veremos qué es lo que Diputados manda al Senado. Somos la cámara revisora en el caso de Presupuesto, esperaremos a ver qué llega. Parece que está bastante peliaguda la discusión”.

La jefa de bancada remarcó que las modificaciones no se comunicaron dentro de la estructura política del espacio gobernante: “No nos enteramos, es la verdad, yo digo la verdad. Eso es un tema, cuando uno es jefe de una bancada, y no se entera, estando en la mesa política, que es donde se discuten las cosas, exactamente cómo van a venir...”.

Asimismo, se refirió a las consecuencias de este escenario en el vínculo con sus pares: “Uno llega al Congreso y te dicen: ‘Nos estás engañando’. Yo no sabía. O quedás como un tonto, o como que los engañás. Eso resiente un poco las relaciones, y es bueno que corrijamos esos problemas”.

Los puntos centrales de la normativa y las modificaciones proyectadas

La Ley de Emergencia en Discapacidad fue sancionada inicialmente por el Congreso en el año 2025 con el propósito de actualizar el nomenclador que fija los valores de las prestaciones y terapias destinadas a personas con discapacidad, frente al desfasaje provocado por la inflación.

Pese a que la norma había sido vetada en su momento por el Ejecutivo, el Poder Legislativo insistió y consiguió su promulgación. Con su vencimiento fijado para el mes de diciembre, la oposición impulsaba una prórroga para impedir un vacío legal.

Sin embargo, el proyecto de Presupuesto 2027 incluye los siguientes cambios fundamentales:

• Eliminación del artículo 7 bis: suprimía la actualización obligatoria, automática y mensual de los pagos a prestadores en función de la inflación.
• Modificación del nomenclador único: facultaría a cada obra social o prepaga a fijar sus propios aranceles.
• Criterio de discapacidad: reemplaza el modelo social sustentado en los derechos humanos por uno enfocado en la “invalidez laboral”.
• Certificado Único de Discapacidad (CUD): se elimina como mecanismo directo para acceder a las pensiones.
• Incompatibilidades: se establece que percibir una pensión por discapacidad y contar con un empleo formal resultan incompatibles.

El debate parlamentario y la postura de los aliados

El pasado miércoles se llevó a cabo un plenario conjunto de las comisiones de Discapacidad y de Presupuesto y Hacienda de la Cámara de Diputados en el marco del análisis del Presupuesto 2027. La instancia finalizó sin la emisión de un dictamen, por lo que se fijó una nueva reunión informativa para el 23 de septiembre con la meta de alcanzar un texto consensuado antes de que expire la emergencia.

Las modificaciones propuestas también encendieron alarmas en bloques aliados al oficialismo. Diputados pertenecientes al PRO, la UCR y e Innovación Federal advirtieron que los cambios alteran sustancialmente la discusión legislativa.

Por un lado, desde el PRO señalaron como condiciones innegociables la continuidad de la actualización automática del nomenclador y la cancelación de la deuda acumulada con los prestadores, la cual supera los $340.000 millones. Por otro lado, desde Provincias Unidas alertaron sobre los riesgos legales que implicaría que la emergencia concluya sin la aprobación previa de una prórroga.