Protesta y reclamo por irregularidades en la causa del bebé de Rancul frente a la Cámara de Apelaciones

Un grupo de allegados y la familia de contención del denominado bebé de Rancul llevaron a cabo una protesta frente a las instalaciones de la Cámara de Apelaciones en General Pico. Durante la concentración, exigieron explicaciones oficiales ante la filtración ilegal de una resolución judicial y denunciaron anomalías sistemáticas en el expediente.

La movilización estuvo encabezada por Joaquín Díaz y Ana Laura Pizzani, quienes se presentaron en la sede judicial —situada en la calle 11 N.º 955— junto a un grupo aproximado de 30 personas que acudieron para brindarles apoyo. Asistidos por sus abogadas patrocinantes, los manifestantes advirtieron que la causa, de alta sensibilidad social, acumula modificaciones de criterio y tropiezos cotidianos que obstaculizan el procedimiento.

El eje del reclamo

El detonante principal de la protesta fue la divulgación pública del texto correspondiente a un fallo dictado el miércoles por la Sala B de la Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial, Laboral y de Minería de General Pico. Dicha resolución ratificó el fallo de primera instancia que había negado la guarda con fines de adopción pedida por la familia transitoria, la cual cuidó al menor desde que tenía dos meses de vida.

• Decisión judicial: Se desestimó la apelación de la pareja.
• Motivo legal: Se acreditó una "imposibilidad de origen" por no estar inscriptos previamente en el Registro Único de Aspirantes a Guarda con Fines Adoptivos (RUA), requisito establecido por el Código Civil y Comercial de la Nación.
• Estado del expediente: La resolución confirmada todavía no se encuentra firme.

De acuerdo con el testimonio brindado por Joaquín y Ana ante los medios de comunicación, el documento legal se dio a conocer a través de un medio periodístico antes de que la propia jueza a cargo del expediente interviniera formalmente en las actuaciones.

"Nosotros no nos vamos a callar frente a las trabas que están poniendo adrede. Una cosa es brindar información sobre el estado del caso y otra muy distinta es que personas ajenas a las partes tengan acceso directo a las denuncias y resoluciones textuales del expediente, lo cual constituye un hecho grave", manifestaron los referentes del reclamo.