Malvinas: el Ejecutivo elevó al Parlamento una ley que fija penas de hasta 20 años por extracción ilegal de recursos

El Poder Ejecutivo nacional giró a la Cámara de Diputados el proyecto de Ley de Defensa de la Soberanía Nacional, una propuesta orientada a endurecer las penalizaciones contra ciudadanos y compañías que ejecuten actividades relacionadas con la explotación de recursos naturales en las Islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur sin el aval del Estado argentino.

El documento lleva las firmas del presidente Javier Milei, el jefe de Gabinete Diego Santilli, el canciller Pablo Quirno, el ministro de Defensa Carlos Presti y el ministro de Economía Luis Caputo. La medida había sido anticipada por Milei el pasado 3 de septiembre, en el marco de las acciones tomadas frente al progreso del proyecto petrolero Sea Lion.

Esquema de penas y multas severas

El núcleo de la reforma consiste en sustituir el esquema de la Ley 26.659 —enfocado primordialmente en el sector hidrocarburífero— por un sistema más amplio que comprenda el usufructo ilegal tanto de recursos naturales renovables como no renovables.

Las penalidades económicas contempladas en la iniciativa abarcan multas tasadas entre 4.000 y 500.000 barriles de petróleo, acompañadas por la suspensión o anulación de permisos e inhabilitaciones de cinco a 20 años para operar en territorio nacional.

Detalle de las sanciones penales

• Exploración o explotación de recursos no renovables sin autorización: penas de 12 a 20 años de prisión.
• Extracción, transporte o almacenamiento de hidrocarburos: condenas de 15 a 20 años de cárcel y multas de hasta el equivalente a tres millones de barriles.
• Proveedores de bienes o servicios esenciales (con conocimiento de destino): penas de cinco a siete años de prisión, sumadas a prohibiciones para contratar con el Estado o desarrollar ciertas actividades comerciales en el país.

Creación de un Sistema de Seguridad Nacional

Más allá de la tutela sobre los recursos naturales, la propuesta contempla la creación de un Sistema de Seguridad Nacional destinado a articular las áreas diplomáticas, económicas, jurídicas, militares, de inteligencia y de ciberseguridad. Dicho esquema estará coordinado por un Consejo de Seguridad Nacional conducido por el primer mandatario.

Asimismo, la normativa incorpora un marco para resguardar la infraestructura crítica y fija protocolos de actuación ante aeronaves y buques catalogados como hostiles. En el plano naval, se diseña una secuencia que contempla avisos, maniobras de interposición y disparos de advertencia, al tiempo que la acción de hundir una embarcación queda supeditada a escenarios militares excepcionales y a la venia directa del Presidente.

El trasfondo del proyecto Sea Lion y el frente judicial

El envío de la norma se inscribe en medio del conflicto por el desarrollo de Sea Lion, iniciativa impulsada por las firmas Rockhopper Exploration y Navitas Petroleum en la zona norte de las Malvinas. Para la administración nacional, dichas operaciones demandan el permiso argentino, motivo por el cual se anunciaron diversas acciones legales y económicas a comienzos de septiembre.

En paralelo, la Justicia federal de Río Grande dictó esta semana una medida cautelar que prohíbe a ambas compañías continuar con determinados trabajos del proyecto, a raíz de una demanda presentada por agrupaciones locales. Esta resolución judicial marcha en paralelo a la vía legislativa que ahora ingresó al Congreso.

Con el texto ya radicado en Diputados, se iniciará el debate parlamentario para determinar las comisiones que lo tratarán y el nivel de apoyo que el oficialismo logrará articular para que la iniciativa sea aprobada en ambas cámaras y se convierta en ley.