Justicia federal suspende el decreto nacional y La Pampa recupera las regalías de Los Nihuiles

La Justicia Federal resolvió hacer lugar al reclamo presentado por el Estado provincial y dejó sin efecto el Decreto 982/2026, una norma dictada por el Poder Ejecutivo Nacional que había eliminado el esquema vigente desde 1973 para adjudicar el 100% de las regalías del Complejo Hidroeléctrico Los Nihuiles a la provincia de Mendoza. Con esta decisión judicial, La Pampa recupera la percepción del 50% de dichos fondos, un derecho que detenta desde hace más de cinco décadas a partir de normativas y entendimientos interjurisdiccionales.

La medida fue emitida por el juez federal de Santa Rosa, Juan José Baric, a raíz de la acción promovida por la administración provincial bajo las directivas del gobernador Sergio Ziliotto, con el propósito de frenar los alcances de la disposición nacional y resguardar el patrimonio territorial.

Los términos de la medida cautelar

El magistrado dispuso «hacer lugar a la medida cautelar interina en los términos del artículo 4, inciso 1, tercer párrafo, de la Ley 26.854, ordenándose la suspensión inmediata de los arts. 3° y 4° del Decreto Nº 982/2026 dictado por el Poder Ejecutivo Nacional». Asimismo, se estipuló que dicha resolución mantendrá su vigencia hasta tanto se resuelva la medida cautelar principal solicitada en el expediente.

En la misma línea, el tribunal requirió al Poder Ejecutivo Nacional que presente el informe previo establecido por el artículo 4 de la Ley 26.854 en un plazo máximo de tres días a partir de la notificación.

El fundamento histórico y legal del reclamo

Desde la perspectiva jurídica de La Pampa, la percepción de estos fondos no se sustenta únicamente en el Decreto 1560/73 —que fijó la distribución equitativa de las regalías de Los Nihuiles entre ambas provincias—, sino en un sólido entramado normativo superior:

• El convenio de 1992: Suscripto entre el Estado Nacional, Mendoza y La Pampa, ratificado por las respectivas Legislaturas y homologado de forma definitiva por la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
• La cláusula quinta: Estableció explícitamente la obligación de abonar a La Pampa las proporciones correspondientes conforme a la Ley 15.336 y al Decreto 1560/73.
• Carácter del río Atuel: Se ratificó su condición de recurso hídrico interjurisdiccional, complementado con un sistema de control operativo asignado a La Pampa para resguardar sus intereses patrimoniales.

En 1984, la Ley 23.164 elevó al 12% el porcentaje general de las regalías hidroeléctricas en el país, lo que derivó en una asignación del 6% para cada una de las dos provincias involucradas. El Decreto 982/2026 intentó interrumpir esta continuidad histórica al anular el Decreto 1560/73 y trasladar el total de los beneficios económicos a territorio mendocino.

Antecedentes en la Corte Suprema

La controversia se inserta en un largo historial judicial en torno al río Atuel. Ya en 1987, el máximo tribunal reconoció la naturaleza interjurisdiccional del afluente e instó a las partes a consensuar acuerdos de participación razonable. Recientemente, el 27 de agosto de 2026, la propia Corte Suprema ordenó la intervención obligatoria de La Pampa en un litigio impulsado por Mendoza contra el Estado Nacional sobre este mismo régimen.

Mientras la Nación argumentaba que los cambios normativos posteriores justificaban la modificación del reparto, el Ejecutivo pampeano sostuvo que un derecho homologado por la Corte y aprobado legislativamente no podía suprimirse mediante una decisión administrativa unilateral.

«La Pampa seguirá cobrando regalías del Río Atuel. Una vez más, luchar por lo que corresponde al pueblo pampeano da sus frutos», expresó el gobernador Sergio Ziliotto a través de su cuenta en la red social X.

El mandatario provincial también ponderó el respaldo de dirigentes, organizaciones sociales y partidos políticos en la defensa de los recursos hídricos, asegurando que continuarán firme en la protección de los intereses provinciales en cualquier ámbito.