El Gobierno proyecta modificar los protocolos de fuerza contra embarcaciones en aguas nacionales

El Gobierno nacional avanza en la elaboración de modificaciones para los procedimientos de protección marítima, con el propósito de dinamizar la interceptación y la utilización eventual de la fuerza frente a barcos que desobedezcan órdenes en espacios sometidos a jurisdicción argentina o a derechos soberanos del país.

Dicha iniciativa se integra en el capítulo marítimo de la denominada Ley de Defensa de la Soberanía Nacional, buscando recortar la cantidad de etapas previas obligatorias antes de instrumentar medidas coercitivas. Hasta el momento, el texto definitivo del proyecto no ha sido dado a conocer.

El esquema contemplado por el Ejecutivo abarcaría las distintas fases operativas, que van desde la detección y la intimación hasta la persecución, el abordaje y el uso eventual de armas contra aquellas naves que rechacen las instrucciones emitidas por las autoridades nacionales.

Asimismo, este nuevo marco normativo no se limitaría exclusivamente a escenarios vinculados con amenazas militares externas, sino que también podría comprender a buques pesqueros extranjeros sorprendidos en prácticas ilegales dentro de la Zona Económica Exclusiva Argentina (ZEEA) que se nieguen a frenar o ser inspeccionados.

El marco operativo actual de la Prefectura

Esta discusión no implica que la Argentina vaya a autorizar por primera vez el empleo de la fuerza contra embarcaciones pesqueras extranjeras.

Desde el año 2018, la Prefectura Naval Argentina dispone de un protocolo específico para intervenir ante navíos extranjeros que transgredan la Ley Federal de Pesca, normativa que fue validada a través de la Resolución 396/2018 emitida por el Ministerio de Seguridad.

Dicho procedimiento incluye comunicaciones radiales, señales sonoras y visuales, mandatos de detención, abordaje y, en caso de fuga, la habilitación para iniciar una persecución en caliente aun si la nave ingresa a aguas internacionales, siempre que se respeten las condiciones estipuladas por la reglamentación.

En los supuestos en que las advertencias no logren detener al buque, el protocolo prevé una escalada gradual del uso de la fuerza:

• Disparos de advertencia: se ejecutan primero y no deben impactar contra la estructura de la embarcación.
• Disparos de invalidación: se autorizan si persiste la resistencia, orientados a generar un daño limitado que permita inmovilizar el barco, requiriendo para ello la autorización de la Dirección de Operaciones y procurando resguardar la integridad de las personas a bordo.

Adicionalmente, la normativa exige el cumplimiento irrestricto de cinco principios rectores para el uso de la fuerza: legalidad, oportunidad, último recurso, gradualidad y proporcionalidad.

El antecedente del pesquero chino hundido en 2016

Uno de los episodios de mayor repercusión se registró en marzo de 2016, cuando el guardacostas Prefecto Derbes interceptó al pesquero chino Lu Yan Yuan Yu 010 mientras realizaba tareas extractivas ilegales dentro de la Zona Económica Exclusiva Argentina.

Tras múltiples advertencias, el navío extranjero intentó huir y ejecutó maniobras que, según la información oficial de la Prefectura, pusieron en peligro a las tripulaciones. Durante la persecución se disparó contra diversos sectores de la embarcación hasta que esta comenzó a hundirse.

Una parte de la tripulación fue transbordada a otras naves, mientras que el resto resultó rescatada de las aguas por efectivos argentinos. El suceso aconteció con anterioridad a la sanción del protocolo vigente en la actualidad y permanece como uno de los precedentes centrales en esta clase de operativos.

Coordinación entre Prefectura, Armada y la nueva cadena de decisiones

Otro de los puntos evaluados por el Ejecutivo se refiere a la articulación de competencias entre la Prefectura Naval, la Armada Argentina y el Comando Conjunto Marítimo.

El propósito consiste en delimitar con precisión en qué situaciones una misión se mantiene bajo los parámetros de la seguridad y el control marítimo y en qué momento pasa a involucrar a las estructuras propias del área de Defensa.

Mientras la Prefectura Naval conserva su papel troncal como autoridad marítima —con potestades para fiscalizar la navegación, ejercer funciones de policía y vigilar la actividad pesquera—, la Armada y el Comando Conjunto Marítimo intervienen también en las labores de vigilancia y control del Atlántico Sur. Hasta el momento, los detalles de la nueva cadena de mando y autorización no se informaron de manera oficial.

Análisis sobre modificaciones en materia de pesca ilegal

En el marco de los debates también se contempla la posibilidad de endurecer el tratamiento jurídico aplicable a determinados escenarios de pesca ilegal.

Una de las opciones en estudio consiste en que ciertas conductas dejen de ser tratadas exclusivamente en el ámbito del régimen administrativo pesquero para transformarse en delitos de índole penal. No obstante, esta alternativa continúa en etapa de evaluación y no fue ratificada como parte definitiva de la iniciativa.

Estas deliberaciones coinciden con los proyectos oficiales destinados a potenciar las capacidades de vigilancia y defensa marítima, al tiempo que el Gobierno impulsa otras reformas relativas a la actividad portuaria, el cabotaje, el practicaje y la navegación comercial.