Esta semana se realizará la audiencia pública que permitirá que el complejo hidroeléctrico en manos de Electroingeniería y la china Gezhouba, comience con su fase principal, aunque ya demandaron el desembolso de 100 millones de dólares ente salarios del personal de la UTE, los gastos "improductivos" que reconoció el ministerio de Energía al consorcio, y las obras secundarias que se iniciaron publicó hoy el diario El Intransigente.
Heredadas por el kirchnerismo, estas obras sufrieron avances y retrocesos desde el arribo de la gestión del actual. Al llegar a Casa Rosada, Mauricio Macri aseveró que no iba a retomar el proyecto, pero tras modificaciones a la obra propuesta, el Gobierno decidió avanzar con la obra considerándola necesaria para la autonomía energética del país. Este año, previo al viaje del presidente a China, Energía y Medio Ambiente habían asegurado que todo estaba cerrado para que el gigante asiático firme el financiamiento y se reactive la obra, hecho que, por el contrario, peligró.
Los ministerios de Medio Ambiente y de Energía firmaron la documentación correspondiente para que el Congreso comience con el armado y llamada a una audiencia pública, para discutir sobre las represas Néstor Kirchner y Jorge Cepernic que se levantarán sobre el río Santa Cruz. Ambas carteras dieron la factibilidad para la realización del complejo hidroeléctrico después de que se presentaron los "Estudios de Impacto Ambiental". La obra podría iniciar en septiembre con modificaciones a su proyecto original. La audiencia será este jueves.
Pero la espera obligó a que sean giradas sumas millonarias de fondos sin haber comenzado la obra principal. Tras la decisión del Gobierno de impulsar la obra, la Corte Suprema puso el primer límite: solo se podrían realizar tareas secundarias en las villas donde se instalarán los trabajadores. Asimismo, Electroingeniería presentó ante el ministerio de Energía el reclamo de "Gastos improductivos" por no haber iniciado la obra.
Asimismo, se estima que a mediados de julio se realizará el llamado para la audiencia pública y en septiembre, una vez transcurrida la veda invernal en Santa Cruz, se retomarán las obras principales de las represas hidroeléctricas a cargo del consorcio constituido por Electroingeniería y Gezhouba, quienes, para "lograr mantener la estructura de trabajo", mantienen a unos 300 trabajadores, siendo que en el momento de pleno desarrollo de la obra se prometieron 5.000 puestos de trabajo
Además, en el Banco Central aún hay 300 millones de dólares que envió China durante el Gobierno de Cristina Kirchner, para la obra, que aún no fueron aplicados por los diferentes estudios y análisis a los que se sometió el proyecto original, al que se le realizaron importantes modificaciones. Es decir, que la represa conocida como Néstor Kirchner tendrá cinco turbinas en vez de seis, y la represa Jorge Cepernic, bajó de cinco a tres, con una disminución de 1.740 MW a 1.290 MW.
Tras la audiencia pública de este jueves, la Corte Suprema deberá levantar la prohibición dictaminada para la realización de la obra y así, las empresas podrán iniciar las tareas principales en Santa Cruz. La obra tiene un presupuesto de 4.700 millones de dólares, siendo que 11.000 millones de dólares provienen de China, como "un mecanismo de contingencia para resguardar las inversiones en el país".
"Era necesaria una revisión integral de diversos aspectos el proyecto con el fin de garantizar la viabilidad técnica, ambiental, económica, financiera y operativa de las obras, y verificar que los ajustes anteriores resulten consistentes con una gestión ambiental sustentable conforme a la norma legal vigente, durante la construcción y el período de operación y mantenimiento de las obras", detallaron fuentes oficiales al evaluar la factibilidad de la obra.
La obra promete 5.000 puestos de trabajo durante los años de ejecución del proyecto, que serían cinco en total. Es uno de los pedidos recurrentes de la gobernadora Alicia Kirchner para garantizar puestos de trabajo en una provincia paralizada y rodeada de conflictos. La obra promete además, regalías energética a Santa Cruz una vez que esté en funcionamiento.