El Diputado Rauschenberger presentó el proyecto en el Congreso el 9 de abril de 2019, el cual llevaba la firma de Sergio Ziliotto y Melina Delú.
En el proyecto pampeano se establecía que la coparticipación que le corresponde a CABA por aplicación del Artículo 8° de la Ley N° 23.548 y sus modificaciones, se fija en un coeficiente equivalente al 1,40% sobre el monto total recaudado.
Además se compensaría por el traspaso de la Policía Federal con una suma fija, que entonces ascendía a 21 mil millones de pesos, por el costo de ese servicio que se actualizaba trimestralmente por inflación. Con el ahorro que implicaba esto, unos 24 mil millones de entonces, con la diferencia en el porcentaje de coparticipación, se proponía destinarlos al Fondo de Incentivo Docente y compensaciones salariales del Educación, a programas de ciencia y tecnología, a becas para estudiantes y al Fondo Federal Solidario de Obras Públicas.
El concepto que se aplicaba era que cuando se traspasa un servicio, este se debe cuantificar para mantener los fondos. Porque cuando es un porcentaje de coparticipación, si esta baja, se desfinancia el servicio, en este caso la Policía Federal.
Entre los fundamentos del proyecto, indica que a la hora de transferencia de servicios y competencias en la asignación de fondos públicos siempre hubo una “doble vara” en el caso de CABA. Mientras que para la transferencia de servicios educativos junto a las provincias se compensó con un importe fijo, sin actualizar, en el caso de la Policía Federal se le asignó parte de la coparticipación.
“Cuando hablamos de eficiencia, hacemos referencia a evitar -lisa y llanamente- el despilfarro de recursos públicos del tesoro en una jurisdicción que no ha sido precisamente la menos favorecida históricamente en materia de gasto público en el país, a través de la transferencia en exceso y en forma incondicionada de éstos”, advertía el proyecto firmado por Rauschenberger.
Además se destacó que en el decreto que estableció el nuevo porcentaje, el gobierno de Macri era inconstitucional. El decreto 194/2016 fue firmado “sin indicación alguna sobre cómo se había determinado el porcentaje antes enunciado ni del motivo concreto que originaba dicho incremento, el cual fue ocultado deliberadamente”. Este debió haber pasado por el Congreso para su aprobación.
