La implementación de la Revisión Técnica Obligatoria (RTO) en la ciudad de Santa Rosa ha generado un intenso debate, tanto en el ámbito político como entre los ciudadanos. Con la fecha límite del 1° de octubre acercándose, las críticas y preocupaciones sobre el proceso de implementación continúan en aumento.

 

**La Adopción de la RTO en Santa Rosa**

 

La Municipalidad de Santa Rosa, a través de la Ordenanza 6977/23, se adhirió al sistema nacional de Verificación Técnica Obligatoria (VTO), otorgándose la autoridad para habilitar talleres de verificación en la ciudad. El taller "Técnica Sur", ubicado en Circunvalación y Wilde, ha sido habilitado por el municipio y actualmente opera de manera legal, ofreciendo el servicio de RTO para vehículos particulares. Según Carmina Besga, secretaria de Gobierno de la Municipalidad de Santa Rosa, “Técnica Sur está completamente habilitado y sus verificaciones son válidas en todo el país”.

 

**Disputa con la Oposición**

 

A pesar de la confirmación oficial, los concejales de la oposición han expresado su desacuerdo con el proceso de habilitación del taller. Basándose en respuestas de la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV), la oposición sostiene que "Técnica Sur" no cuenta con la habilitación adecuada. No obstante, Besga fue enfática al señalar que “la ANSV no tiene facultades para habilitar talleres; esto es responsabilidad de la jurisdicción local”. La secretaria de Gobierno también criticó a la oposición por cambiar sus argumentos repetidamente, desde la falta de adecuación de las calles hasta la supuesta ilegalidad del taller.

 

**El Rol de la ANSV y la Legalidad de la Medida**

 

La ANSV desempeña un rol de coordinación y supervisión, pero no es la autoridad encargada de habilitar los talleres de VTO. Besga aclaró que el municipio de Santa Rosa firmó un convenio con la ANSV para coordinar la normativa local con el sistema nacional de RTO, en el marco de un plan integral de seguridad vial que la ciudad implementa desde 2020.

 

Respecto a la legalidad de la medida, Besga defendió la implementación y subrayó que la obligación de realizar la RTO es una disposición nacional. “La ley es clara y el espíritu de la RTO es garantizar que los vehículos circulen en condiciones seguras, con frenos y luces en buen estado”, afirmó la funcionaria. Además, aseguró que los controles de tránsito comenzarán a exigir la RTO a partir del 1° de octubre, tal como lo estipula la normativa.

 

**Inquietudes sobre la Fecha de Vigencia**

 

Una de las principales críticas que se han planteado es la proximidad de la fecha de vigencia de la ordenanza. La oposición y algunos sectores de la ciudadanía consideran que el plazo hasta el 1° de octubre es insuficiente para que todos los vehículos puedan realizar la RTO. Besga reconoció esta preocupación y dejó abierta la posibilidad de una prórroga si se considera necesario, aunque reiteró que la ordenanza está firme.

 

**Aspectos Económicos y Recaudación**

 

Otro punto de controversia es el costo de la RTO, que asciende a aproximadamente 32,000 pesos por vehículo, de los cuales 1,200 pesos son destinados a la Municipalidad. La oposición ha acusado al oficialismo de implementar la medida con fines recaudatorios, a lo que Besga respondió que “el argumento económico no es suficiente para no cumplir con una ley de tránsito”. Comparó este requisito con el seguro obligatorio, que también tiene un costo pero es esencial para la seguridad vial.

 

**Perspectivas Futuras**

 

Mientras tanto, la situación sigue siendo objeto de debate en los medios y en el ámbito político. La posibilidad de una judicialización del proceso por parte de la oposición está latente, aunque Besga manifestó su esperanza de que se pueda evitar. “Judicializar todo es una derrota para la política, pero si no se llega a un acuerdo, esa puede ser la única vía”, declaró.

 

Con la fecha límite acercándose, la implementación de la RTO en Santa Rosa se mantiene como un tema de alta relevancia. La Municipalidad ha indicado que continuará trabajando para garantizar que todos los vehículos cumplan con la normativa y que los ciudadanos estén bien informados sobre sus obligaciones.