La tramitación de una nueva normativa sobre biocombustibles llegó a una instancia definitoria en la Cámara alta, reavivando la inquietud entre las firmas medianas y pequeñas de La Pampa. Tras tres encuentros de comisión sin entendimiento previo, el bloque oficialista y sus socios políticos prevén firmar el próximo miércoles 2 de septiembre el dictamen correspondiente para habilitar su tratamiento en el recinto.

El nudo central del entredicho gira en torno al biodiésel. A pesar de existir un acuerdo general para elevar los porcentajes de mezcla obligatoria con hidrocarburos, las discrepancias persisten respecto al reparto de ese segmento y, fundamentalmente, a la inserción gradual de las corporaciones aceiteras.

Esta controversia impacta de forma directa en territorio pampeano, donde operan las firmas Pampa Bio (ubicada en General Pico) y Enresa (Energía Renovable SA, en Catriló). Ambas integran el universo de establecimientos regionales nacidos bajo un marco legal orientado a incentivar la producción fabril en el interior del país, las cuales advierten hoy sobre los riesgos de competir en desventaja frente a los grandes actores económicos.

El texto que encabeza las tratativas estipula elevar el corte obligatorio de biodiésel en el gasoil del 7,5% actual al 10%. Sin embargo, de manera simultánea, plantea una apertura escalonada del mercado.

El borrador analizado prevé una etapa de transición que se extendería hasta concluir 2031. Al ponerse en marcha el corte del 10%, las empresas que no se encuentran integradas retendrían inicialmente un 6,5% de participación, proporción que descendería al 5,5% en 2029, al 5% en 2030 y al 3% en 2031, mientras que el espacio sujeto a libre comercialización se incrementaría en paralelo.

La propuesta alternativa de las pymes

Desde el sector de las empresas regionales aclaran que no rechazan la suba del corte ni la llegada de las grandes corporaciones, sino los términos en los que se proyecta dicha apertura.

De acuerdo con la Cámara de Empresas Pymes Regionales Elaboradoras de Biocombustibles (CEPREB), la situación afecta a 25 plantas distribuidas en el interior —17 pymes de carácter regional y ocho compañías no integradas—, poniendo en riesgo unos 10.000 puestos de trabajo directos e indirectos.

Ante este escenario, las pymes proponen llevar el corte al 12,5% y modificar su distribución:

• 5% destinado a las 17 pymes regionales.
• 2,5% para las ocho compañías no integradas.
• 5% reservado para las grandes aceiteras.

Bajo esta iniciativa, el objetivo es que las grandes firmas ingresen mediante la expansión general del mercado y no mediante el desplazamiento de quienes hoy sostienen el abastecimiento del corte obligatorio.

Asimismo, los empresarios subrayan una asimetría estructural: adquieren el aceite de soja utilizado como insumo básico a esas mismas grandes aceiteras con las cuales ahora disputarían el mercado interno de biodiésel.

En La Pampa, las plantas radicadas en General Pico y Catriló generan de manera conjunta unas 85.000 toneladas anuales, en el marco de las aproximadamente 900.000 toneladas producidas por el total de las 25 plantas regionales y no integradas. A esta estructura se suma una red de unas 400 extrusoras dedicadas al suministro de aceite.

Objeciones provinciales y posturas legislativas

La inquietud pampeana cuenta con el respaldo de otros distritos. Las provincias de La Pampa, San Luis, Entre Ríos y sectores bonaerenses manifestaron reparos al esquema propuesto, al tiempo que Santa Fe se perfila como una de las jurisdicciones beneficiadas por la radicación de las grandes aceiteras, lo que le permitiría absorber gran parte de la expansión proyectada.

En el ámbito parlamentario, el senador por San Luis Fernando Salino adelantó que defenderá la protección de las empresas regionales y señaló que su dictamen velará por los intereses de las pymes puntanas y pampeanas.

En la misma línea, el senador pampeano Daniel Bensusán advirtió durante los debates en comisión acerca de las consecuencias del proyecto sobre las plantas de General Pico y Catriló. En dichos encuentros también brindó su testimonio el empresario pampeano Tomás Lorda, quien cuestionó la obligación de competir contra firmas que, a su vez, controlan el insumo esencial para la producción.

"La ley que nos dio origen fomentó que nos instaláramos inútilmente en el interior de la Argentina. Si no, la hubiéramos puesto en Rosario", expresó Lorda ante los legisladores.

El plenario correspondiente a las comisiones de Minería, Energía y Combustibles y de Presupuesto y Hacienda volverá a sesionar el próximo miércoles con el propósito de consensuar un texto definitivo y lograr un dictamen que encamine con celeridad la iniciativa hacia el recinto.

Para las pymes nucleadas en el sector, el esquema de transición diagramado hasta 2031 posterga el conflicto en lugar de solucionarlo, ya que al concluir dicho plazo se verán obligadas a disputar una porción cada vez más amplia del mercado frente a competidores dotados de una escala muy superior.

Adicionalmente, causa inquietud el mecanismo de coprocesamiento, el cual habilitaría el empleo de materias primas renovables directamente en el interior de las refinerías, reduciendo potencialmente aún más el margen de comercialización disponible para las plantas independientes.