El defensor oficial de Antonio Benítez, uno de los siete acusados por la presunta sustracción y ocultamiento de Loan Danilo Peña, pidió apartar al juez Fermín Amado Ceroleni por considerar que existen motivos para temer una actuación parcial.

Ceroleni preside el Tribunal Oral Federal de Corrientes que lleva adelante el juicio. El planteo fue presentado por Enzo Di Tella, quien aseguró que distintas intervenciones del magistrado afectaron de manera reiterada el ejercicio de las defensas.

El abogado mencionó interrupciones durante los interrogatorios, llamados de atención, impedimentos para profundizar determinadas respuestas y criterios diferentes ante objeciones similares. También cuestionó la preocupación expresada por el tribunal ante cualquier situación que pudiera extender el proceso, según el escrito al que accedió Noticias Argentinas.

Di Tella rechazó las acusaciones de obstaculizar el debate y afirmó que sus intervenciones responden a la obligación de representar eficazmente a Benítez. “Comparezco en cumplimiento de una función constitucional”, expresó en la presentación.

Uno de los episodios incluidos en el escrito ocurrió durante la declaración de Fabio Pirrone, cuando Di Tella intentó formular una serie de preguntas que fueron rechazadas por el presidente del tribunal.

Según su versión, Ceroleni interrumpió el interrogatorio, indicó que esos asuntos debían ser analizados durante los alegatos finales y elevó el tono de voz. El defensor aseguró que tuvo que pedirle al juez que modificara la manera de dirigirse hacia él.

También afirmó que fue acusado de “hostigar” a un testigo y sostuvo que las restricciones impuestas no se aplicaron de la misma forma al Ministerio Público Fiscal y al resto de las partes.

Otro de sus cuestionamientos estuvo relacionado con la necesidad de acelerar el juicio y con la expresión “la sociedad espera una respuesta”, utilizada durante el debate. Para Di Tella, la expectativa pública no puede condicionar el resultado del proceso ni afectar las garantías de los acusados.

“La sociedad tiene derecho a una respuesta judicial, pero no tiene derecho a exigir una condena. Una respuesta legítima puede ser condenatoria si la prueba demuestra culpabilidad y absolutoria si la acusación no logra destruir el estado constitucional de inocencia”, argumentó.

El episodio que llevó a Di Tella a formalizar la recusación ocurrió el martes 26 de agosto, durante la ampliación de la indagatoria de Nicolás “El Americano” Soria. El acusado manifestó que solo respondería preguntas de su abogado, pero Ceroleni rechazó inicialmente esa posibilidad.

La defensa de Benítez presentó un recurso de revocatoria, acompañado por la mayoría de los representantes de los imputados. Tras un cuarto intermedio, el tribunal en pleno revirtió la decisión adoptada por su presidente y autorizó el interrogatorio.

Para Di Tella, aunque la revisión evitó un perjuicio concreto para Soria, lo ocurrido reforzó sus dudas sobre la imparcialidad del magistrado. Como prueba, ofreció las grabaciones completas de las audiencias y solicitó comparar el trato recibido por las defensas con el dispensado al Ministerio Público Fiscal.

El abogado aclaró que un eventual apartamiento de Ceroleni no provocaría la nulidad del juicio, ya que el tribunal cuenta con los magistrados sustitutos Víctor Quiñones y Manuel Alberto Jesús Bosch.

“Quiero que Antonio Benítez sea juzgado y que se dicte una sentencia acorde con la prueba producida en este juicio oral y público, no que sea condenado por la presión social y mediática”, manifestó.

El abogado Rodolfo Baqué, defensor de Elizabeth Cutaia, imputada por el presunto entorpecimiento de la investigación, decidió no acompañar la recusación porque, a su entender, no se identificó con suficiente precisión una causal que justifique desplazar al juez.

En diálogo con el mismo medio, Baqué definió a Ceroleni como un magistrado de perfil “paternalista” y sostuvo que durante las audiencias tiende a otorgar ciertas ventajas a quienes considera menos preparados. Sin embargo, señaló que esa conducta debería examinarse de manera integral antes de impulsar su apartamiento.

El defensor oficial de Antonio Benítez, uno de los siete acusados por la presunta sustracción y ocultamiento de Loan Danilo Peña, pidió apartar al juez Fermín Amado Ceroleni por considerar que existen motivos para temer una actuación parcial.

Ceroleni preside el Tribunal Oral Federal de Corrientes que lleva adelante el juicio. El planteo fue presentado por Enzo Di Tella, quien aseguró que distintas intervenciones del magistrado afectaron de manera reiterada el ejercicio de las defensas.

El abogado mencionó interrupciones durante los interrogatorios, llamados de atención, impedimentos para profundizar determinadas respuestas y criterios diferentes ante objeciones similares. También cuestionó la preocupación expresada por el tribunal ante cualquier situación que pudiera extender el proceso, según el escrito al que accedió Noticias Argentinas.

Di Tella rechazó las acusaciones de obstaculizar el debate y afirmó que sus intervenciones responden a la obligación de representar eficazmente a Benítez. “Comparezco en cumplimiento de una función constitucional”, expresó en la presentación.

Uno de los episodios incluidos en el escrito ocurrió durante la declaración de Fabio Pirrone, cuando Di Tella intentó formular una serie de preguntas que fueron rechazadas por el presidente del tribunal.

Según su versión, Ceroleni interrumpió el interrogatorio, indicó que esos asuntos debían ser analizados durante los alegatos finales y elevó el tono de voz. El defensor aseguró que tuvo que pedirle al juez que modificara la manera de dirigirse hacia él.

También afirmó que fue acusado de “hostigar” a un testigo y sostuvo que las restricciones impuestas no se aplicaron de la misma forma al Ministerio Público Fiscal y al resto de las partes.

Otro de sus cuestionamientos estuvo relacionado con la necesidad de acelerar el juicio y con la expresión “la sociedad espera una respuesta”, utilizada durante el debate. Para Di Tella, la expectativa pública no puede condicionar el resultado del proceso ni afectar las garantías de los acusados.

“La sociedad tiene derecho a una respuesta judicial, pero no tiene derecho a exigir una condena. Una respuesta legítima puede ser condenatoria si la prueba demuestra culpabilidad y absolutoria si la acusación no logra destruir el estado constitucional de inocencia”, argumentó.

El episodio que llevó a Di Tella a formalizar la recusación ocurrió el martes 26 de agosto, durante la ampliación de la indagatoria de Nicolás “El Americano” Soria. El acusado manifestó que solo respondería preguntas de su abogado, pero Ceroleni rechazó inicialmente esa posibilidad.

La defensa de Benítez presentó un recurso de revocatoria, acompañado por la mayoría de los representantes de los imputados. Tras un cuarto intermedio, el tribunal en pleno revirtió la decisión adoptada por su presidente y autorizó el interrogatorio.

Para Di Tella, aunque la revisión evitó un perjuicio concreto para Soria, lo ocurrido reforzó sus dudas sobre la imparcialidad del magistrado. Como prueba, ofreció las grabaciones completas de las audiencias y solicitó comparar el trato recibido por las defensas con el dispensado al Ministerio Público Fiscal.

El abogado aclaró que un eventual apartamiento de Ceroleni no provocaría la nulidad del juicio, ya que el tribunal cuenta con los magistrados sustitutos Víctor Quiñones y Manuel Alberto Jesús Bosch.

“Quiero que Antonio Benítez sea juzgado y que se dicte una sentencia acorde con la prueba producida en este juicio oral y público, no que sea condenado por la presión social y mediática”, manifestó.

El abogado Rodolfo Baqué, defensor de Elizabeth Cutaia, imputada por el presunto entorpecimiento de la investigación, decidió no acompañar la recusación porque, a su entender, no se identificó con suficiente precisión una causal que justifique desplazar al juez.

En diálogo con el mismo medio, Baqué definió a Ceroleni como un magistrado de perfil “paternalista” y sostuvo que durante las audiencias tiende a otorgar ciertas ventajas a quienes considera menos preparados. Sin embargo, señaló que esa conducta debería examinarse de manera integral antes de impulsar su apartamiento.