En un comunicado, tomaron como un triunfo que el intendente Luciano di Nápoli haya consentido retirar el proyecto para notificar en forma digital las infracciones de tránsito sancionadas por fotomultas y radares. Se vio obligado porque la oposición, que no está de acuerdo, la semana pasada dejó sin quórum al Concejo.

 

"El Bloque del Frejupa presentó semanas atrás un Proyecto de Ordenanza para modificar el Código de Faltas y poder implementar el sistema de fotomultas y radares en distintos puntos de la ciudad. Este proyecto fue tratado y debatido en comisión donde propusimos que la notificación a los infractores sea en papel al domicilio físico, garantizando así el derecho de defensa de los vecinos", recordaron los ediles de la UCR y el PRO. "Aprobado en comisión, a último momento, pretendieron hacer modificaciones a su antojo y por eso no dimos quorum el pasado jueves", completaron.

 

"Hoy directamente retiraron y archivaron el proyecto. En estas condiciones, no hay modificación al Código de Faltas y no podrán implementar la fotomultas en la ciudad", destacaron como si fuera un triunfo político.

 

"Insistiremos en esta postura cuando ingrese un proyecto del Departamento Ejecutivo para reformar el Código de Faltas, y así garantizar el derecho de defensa de los vecinos y vecinas de Santa Rosa antes que priorizar la rapidez en la recaudación", finalizaron.

 

La ordenanza que pretendía sacar Di Nápoli permitiría notificar de manera digital a los infractores que detecten los radares y las cámaras de fotomultas que la gestión municipal se esmeró en instalar desde hace meses.

 

El revés que sufrió di Nápoli es un coletazo de la polémica por la RTO. Desde principio de año, la oposición insiste con el reclamo de suspender la puesta en marcha de la Revisión Técnica Obligatoria (RTO), que se aprobó a fines de 2023, con otra conformación del Concejo y cuando la correlación de fuerzas en la comuna era diferente: el oficialismo ejercía mayoría propia.

 

En forma sucesiva, la oposición cuestionó la oportunidad elegida –plena crisis social y económica- para generar más gastos a la población; que el municipio habilitase un solo taller para controlar un parque automotor de 40 mil unidades; que ese taller no esté reconocido por la Agencia Nacional de Seguridad Vial; y que la medida afecta a habitantes del resto de los pueblos de la provincia, que suelen viajar a la capital por trámites, por entretenimiento o para hacer compras en sus negocios.

 

El plantón opositor de la semana pasada se desencadenó después de la negativa formal del intendente a un pedido de audiencia pública por la puesta en marcha en la RTO. La UCR, el PRO y el tiernismo habían formulado ese pedido con el respaldo de firmas que levantaron entre los vecinos y el eco favorable en algunos sectores y organizaciones de la ciudad. "Ya tuvo su instancia de participación en el debate en el recinto", respondió Di Nápoli y ratificó que la medida entra en vigencia ni bien arranque octubre.