El Superior Tribunal de Justicia rechazó el recurso de casación interpuesto por la defensa del presidente de la Comisión Vecinal de Loventuel, Hugo Oscar Martínez, condenado a 2 años de prisión e inhabilitación perpetua por el delito de peculado, por quedarse con 5,5 millones de pesos mediante el uso de facturas truchas. De esta forma, la sentencia quedó firme en el Poder Judicial de La Pampa y el único camino para que la misma se haga efectiva es que Martínez presente un recurso extraordinario a la Corte Suprema.

 

El 29 de diciembre 2021, Martínez fue condenado como autor material y penalmente responsable de los delitos de peculado y uso de documento privado falso en concurso ideal, en concurso real -140 hechos-, y lo condenó a la pena de dos años de prisión en suspenso e inhabilitación absoluta perpetua.

 

El tribunal dio por probado que entre los meses de mayo de 2016 y noviembre de 2017 el acusado presentó rendiciones de cuentas de los gastos realizados por la Comisión de Fomento de Loventuel, de la cual era presidente, ante el Tribunal de Cuentas de la Provincia, que tiene la función de controlarlos y juzgarlos.

 

A partir de dicho control y juzgamiento, se logró determinar la existencia de facturas apócrifas que habían sido utilizadas para justificar el libramiento de cheques al portador, contrariando la normativa vigente, que establece que los cheques deben ser librados "cruzados" y "no a la orden" (art. 1 de la resolución conjunta del tesorero general y la contadora general Nº 41/78).

 

A esta maniobra, Martínez la realizó en 140 oportunidades, pudiendo así sustraer la suma de $5.549.023 de la administración pública.

 

En el fallo, el tribunal expresó que "la falsedad de dichas facturas consistió, en la mayoría de los casos, en utilizar nombres personales, domicilios, datos fiscales, etc. reales, para confeccionar talonarios de facturas que llevaban un nombre comercial falso, siendo entonces utilizadas con la finalidad mencionada".

 

La investigación llevada a cabo por el Tribunal de Cuentas primero y por el M.P.F. después arrojó que fueron 15 personas las que desconocieron las facturas presuntamente confeccionadas por ellas.

 

Martínez, mediante la utilización de facturas apócrifas, lograba sustraer dinero de la administración pública mediante la presentación de cheques que pudieran cobrarse en ventanilla, y de esa manera hacer uso arbitrario o discrecional de los fondos públicos obtenidos de manera ilícita.

 

"Esta maniobra se repitió en cada uno de los 140 casos comprobados por el M.P.F. mediante la pericial contable ordenada", dijo el tribunal.

 

Ese fallo fue ratificado por el Tribunal de Impugnación Penal. Contra esa sentecia, el abogado Fernando Gutiérrez interpuso recurso de casación que ahora fue rechazado por el STJ.