En noviembre de 2017, el fiscal Carlos Stornelli pidió procesar a Moreno por falsificar los datos de la inflación desde 2006, colocar un programa informático que ponía topes a los registros de precios, para que el sistema no los advirtiera, abusar de sus deberes y violar el secreto estadístico.
Lo acusó de graves delitos, como violación de secretos, abuso de autoridad, falsedad ideológica de un instrumento público y la destrucción de documentos oficiales, que se castigan con hasta seis años de prisión.
