El Colegio de Abogados y Procuradores de La Pampa salió este lunes a sumarse a las voces criticas de la marcha que se desarrollará contra la Corte Suprema de Justicia de la Naciòn porque “atenta contra nuestro sistema republicano de gobierno y la división de poderes que se encuentran garantizados en nuestra Carta Magna”.
En un comunicado de prensa expresaron: “El Consejo Directivo del Colegio de Abogados y Procuradores de La Pampa adhiere en todos sus términos a la declaración de la Federación Argentina de Colegios de Abogados (FACA) en relación a la movilización convocada por organizaciones políticas, sindicales y sociales para el 1º de febrero con el propósito de exigir la renuncia de los ministros de la Corte Suprema de Justicia de la Nación".
“Dicha movilización atenta contra nuestro sistema republicano de gobierno y la división de poderes que se encuentran garantizados en nuestra Carta Magna”.
“Como profesionales del derecho, que ejercemos una función social al servicio del derecho y de la justicia, debemos bregar porque el accionar de la sociedad discurra por los carriles de las instituciones que contempla nuestra Norma Suprema, para así afianzar la justicia y contribuir al orden y la paz social”, finaliza el escrito difundido por el Colegio de Abogados de La Pampa.
El Colegio de Magistrados y Funcionarios del Poder Judicial de La Pampa se sumó a los cuestionamientos a la marcha contra la Corte Suprema.
En un comunicado, el órgano remarcó que adhiere al comunicado emitido por la Federación Argentina de la Magistratura y la Función Judicial (FAM) y expresó su “rechazo a toda acción que tenga por finalidad debilitar la independencia del Poder Judicial y del Ministerio Público”.
“Las decisiones judiciales se revisan por los canales judiciales correspondientes y quienes ejercen la función pública también tienen procesos establecidos para su evaluación y remoción”, remarcaron.
Ante ello expresaron “inquietud ante toda acción que ponga en riesgo la República y vulnere los instrumentos internacionales de los que la República Argentina es signataria”.
Insistieron que impulsar “la remoción de los integrantes de los poderes constituidos del Estado” significa apartarse de “los procedimientos institucionales previstos a esos fines por la Constitución Nacional”.
