El optimismo del oficialismo se funda en los acuerdos parlamentarios construidos con bloques provinciales y Consenso Federal, lo que le permitiría contar con los votos para imponerse al rechazo de Juntos por el Cambio a la iniciativa.
El Frente de Todos consiguió el apoyo del interbloque Federal, que conduce Eduardo Bucca; del interbloque Unidad para el Desarrollo, que preside José Luis Ramon; del monobloque del Movimiento Popular Neuquino y se sumó también Acción Federal, cuyo titular es Felipe Alvarez, quien hasta hace quince días formaba parte de Juntos por el Cambio.
Ese respaldo le permitiría alcanzar la mayoría para aprobar el proyecto, ya que el Frente de Todos tiene 117 votos -el presidente del cuerpo Sergio Massa no vota y José de Mendiguren se encuentra de licencia- con lo cual es clave el apoyo de esas fuerzas políticas.
De esta forma, el oficialismo puede contar con unos 137 sufragios para aprobar el proyecto de Aporte Solidario porque a los 117 propios se le sumarán 11 del Interbloque Federal, seis de Unidad Federal para el Desarrollo, dos de Acción Federal, y el voto del Movimiento Popular Neuquino.
El interbloque opositor Juntos por el Cambio -que encabeza el radical Mario Negri- ya anticipó su rechazo al proyecto, aunque en el oficialismo no descartan que algunos diputados puedan ausentarse al momento de la votación o, incluso, hacerlo a favor.
En ese sentido, se remiten a la reciente aprobación del Presupuesto, que exhibió las diferencias en el seno de la oposición, en especial de parte de los legisladores que responden a los mandatarios radicales de Jujuy y Corrientes.
Además, la principal coalición opositora concurrirá con una fuerte presencia al recinto de sesiones ya que solicitó que la deliberación de este tema sea una de las que se realice en forma presencial, aunque se mantendrá el sistema mixto que es con legisladores sentados en sus bancas y otros conectados desde sus provincias.
El Frente de Izquierda que integran Nicolás del Caño y Romina del Pla defenderá su propia propuesta y se abstendrá en la votación por considerar que "el proyecto del oficialismo propone recaudar apenas la mitad de lo que este año pagó en concepto de intereses y capital de la deuda externa y la tercera parte de lo que se va en intereses de Leliqs"
Con estos posicionamientos previos se aguarda una sesión maratónica, ya que se estima que se extenderá más de 15 horas, dado que solo el debate del proyecto de Aporte durará más de 12 horas por la gran cantidad de oradores anotados, informaron fuentes parlamentarias.
Los detalles de la sesión se analizarán en una reunión de Labor Parlamentaria, convocada por el presidente Sergio Massa para las 11, con fin de definir la organización de la reunión del pleno del cuerpo.
Paradójicamente, esa reunión y la sesión no contarían con la presencia del propio Massa, quien se encuentra en aislamiento preventivo por haber participado el viernes pasado de una reunión con representantes del FMI, uno de los cuales dio positivo de coronavirus.
Si bien el hisopado del titular de Diputados dio negativo, por prevención, las autoridades médicas de la Cámara le aconsejarían no presidir la sesión en forma presencial.
Así, esa función quedaría a cargo del vicepresidente de la Cámara, Alvaro González (PRO); y, sucesivamente, en José Luis Gioja (Frente de Todos) y Alfredo Cornejo (UCR).
La posición del campo
la Mesa de Enlace manifestó su "alarma" por el "nuevo impuesto que se suma a la larga lista de tributos, tasas y gravámenes, incluyendo los derechos de exportación, que viene pagando el sector, aumentando aún más una presión impositiva ya de por sí insoportable para el productor".
La Mesa de Enlace calificó al proyecto de "confiscatorio" y dijo que atenta "contra la inversión, la incorporación de tecnología y la creación de empleo, en un momento en que la Argentina lo necesita desesperadamente".
"Contrariamente a lo que se promociona, este impuesto no impactará solo en las grandes fortunas, dado que es un impuesto que grava a los activos, incluso aquellos afectados a la producción, y no tiene en cuenta la eventual existencia de deudas generadas para su incorporación al patrimonio. Ello hace que, en un gran porcentaje de los casos, los afectados por este impuesto, lejos de estar en una situación holgada, deban desprenderse de activos claves como maquinaria agrícola o incluso tierras para poder hacer frente al nuevo gravamen", indicó.
También la Confederación de Asociaciones Rurales de Buenos Aires y La Pampa (Carbap), que le había enviado cartas a los legisladores nacionales de esas provincias, alertó que los productores alcanzados deberían vender activos para poder pagar el tributo.
"Rescatamos la necesidad de actuar solidariamente en el marco de la pandemia, pero destacamos y remarcamos la perjuiciosa aplicación de esta ley para los productores agropecuarios, que podrán ser patrimonialmente relevantes pero cuya actividad productiva tiene bajo flujo de fondos lo cual obliga a liquidar activos para afrontar dicho impuesto/aporte, impidiendo encarar los procesos de reinversión tan necesarios dada la realidad económica de nuestro país", dijo Carbap.
Según la entidad, el impuesto toma en consideración los activos "aun cuando los mismos tengan pasivos". Puso como ejemplo el caso de contratistas con cosechadoras que aún no han terminado de pagar, "y de la cual son dueños de un porcentaje, imputándose para el impuesto/aporte el total del valor del bien".
También precisó que "no existe un mínimo no imponible sino un mínimo no gravado, lo cual provoca que la persona que supere con sus activos en $1 los $200 millones pagará sobre el total y no sobre el excedente a ese monto".
"Este impuesto/aporte no mantiene las prerrogativas que alcanza la ley del impuesto a los bienes personales (en su artículo 21 inciso f, en donde quedan exceptuados los bienes e inmuebles utilizados en la producción agropecuaria), la cual claramente diferencia sobre bienes de carácter suntuario o financieros, de bienes de carácter productivo como son las parcelas rurales", apuntó.
Apenas se presentó el proyecto, que tuvo dictamen en septiembre pasado, el consultor en temas tributarios del agro Héctor Tristán le había expresado a LA NACION que el tributo representaba un "superimpuesto".
"El contribuyente, en este caso el productor que ya pagó bienes personales, ahora le aplicarán sobre todos sus bienes, el campo incluido, un superimpuesto", dijo.
Para la Mesa de Enlace de Santa Fe, que también se pronunció en contra del tratamiento, el impuesto hará que se contraiga la inversión y, como indicó Carbap, los productores tengan que desprenderse de activos para pagarlo.
"La actual presión tributaria que carga sobre los argentinos que trabajan y producen para poner al país de pie, y en especial los santafesinos, no tiene lugar para más impuestos. Por eso estamos convencidos que el nuevo proyecto denominado 'aporte solidario' no es el camino, porque es lisa y llanamente un nuevo impuesto que contrae la inversión, único sendero para la generación de empleo genuino", afirmó.
"Este aporte recae sobre los activos sin tener en cuenta la fuente económica que lo genera, por lo tanto llevará a los individuos y sus empresas a descapitalizarse para afrontar su pago, generando postergación de inversiones, menor utilización tecnológica y por tanto un menor nivel de actividad económica", agregó la Mesa de Enlace de Santa Fe, integrada por Sociedad Rural Argentina, Coninagro, Federación Agraria y la Confederación de Asociaciones Rurales de Santa Fe (Carsfe).
También la Fundación Barbechando, que sigue los temas legislativos en el Congreso, alertó sobre el impacto de la sanción del nuevo impuesto. "Le pega de lleno a las pymes agroindustriales, agroalimenticias, fabriles, industriales y de servicio, motores fundamentales de la generación de empleo", señaló la organización.
"No tenemos dudas que esto redundará en menos empleo, menos actividad económica y menos exportaciones, imposibilitando la recuperación tan esperada de los efectos de esta pandemia", agregó. En opinión de la Fundación Barbechando, el tributo aumentará los niveles de pobreza que el Gobierno busca revertir.
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