La causa penal se inició por una demanda del Banco: directamente la acusación es por estafa. Pereira y Díaz eran socios de Calamari. Según manifestó el fiscal, Pereira y Calamari presentaron, ante los dos bancos, firmas truchas de Díaz (uno de los más importantes dueños de agencias oficiales de Renault del país) para conseguir privilegios para la empresa pampeana.
A Gustavo Ariel Pereira, se le imputa haber presentado en el Banco de La Pampa de esta ciudad, entre los meses de abril y mayo del año 2015, una fianza con firma de Miguel Diaz, certificada por el Escribano Daniel Mugaburu de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y legalizada esta certificación por el Colegio de Escribanos de esa ciudad, con firma del Concejero Julio Cesar Caparelli.
Tantos las firmas como los folios en que fueron certificadas y legalizadas, resultaron apócrifos, teniendo dichos documentos como finalidad la de respaldar un mutuo por la suma de un millón quinientos mil pesos ($1.500.000), que benefició a la firma Calamari S.A. de la que es socio y apoderado, habiendo realizado la gestión en esa calidad, informó el área de prensa del Ministerio Público Fiscal.
También se le imputa haber presentado ante el Gerente del Banco Macro de esta ciudad el día 16 de abril de 2015, una fianza con la firma de Miguel Díaz, en este caso certificada por la Escribana Marta Beatriz Francinelli de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y legalizada la certificación por el Colegio de Escribanos de esa ciudad, con la firma del Concejero Julio César Caparelli, resultando también, tanto las firmas como los folios en que fueron certificadas y legalizadas apócrifas. Estos documentos fueron presentados para respaldar distintas operaciones por la suma de siete millones cien mil pesos ($7.100.000), que tuvo como beneficiario a la firma Calamari S.A. y damnificados a ambos bancos y a Miguel Díaz.
Por su parte, el Fiscal General le imputa a Miguel Angel Calamari el haber gestionado y haberse beneficiado en su calidad de socio mayoritario de la firma Calamari S.A., de la presentación por medio de Pereira ante el Banco de La Pampa de esta ciudad, entre los meses de abril y mayo del año 2015, de una fianza con firma de Miguel Diaz, certificada por el Escribano Daniel Mugaburu de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y legalizada esta certificación por el Colegio de Escribanos de esa ciudad, con firma del Concejero Julio Cesar Caparelli.
Tanto las firmas como los folios en que fueron certificadas y legalizadas, resultaron apócrifos, teniendo dichos documentos como finalidad la de respaldar un mutuo por la suma de un millón quinientos mil pesos ($1.500.000), por cuyo importe se vio beneficiado la empresa Calamari S.A.
También se le imputa haber gestionado a través de Pereira la presentación efectuada por este ante el Banco Macro de esta ciudad con fecha 16 de abril de 2015, de una fianza personal firmada por Miguel Díaz a los fines de garantizar el pago de distintas operaciones de la firma Calamari S.A., por la suma de siete millones cien mil pesos ($7.100.000) con esa entidad.
En este caso, la firma fue certificada por la Escribana Marta Beatriz Francinelli de la ciudad de la ciudad autónoma de Buenos Aires, y legalizada la certificación por el Colegio de Escribanos de esa ciudad, con la firma del Concejero Julio César Caparelli, resultando también, tanto las firmas como los folios en que fueron certificadas y legalizadas apócrifas.
Esto provocó que la firma Calamari S.A. se viera beneficiada por el monto antes indicado, con el consecuente perjuicio para los bancos, como para Miguel Diaz.
"La imputación endilgada contra Gustavo Pereira y Miguel Ángel Calamari, tiene sustento en importantes evidencias con valor probatorio que fueron recopiladas por el Ministerio Público Fiscal durante la etapa de Investigación Fiscal Preparatoria, las que analizadas en su conjunto permiten tener por acreditado la responsabilidad penal de los nombrados por el hecho ilícito por el que son acusados", se indicó en el mismo parte de prensa.
Los imputados fueron asistidos por el Defensor particular, José Mario Aguerrido.
El fiscal Sancho, con la evidencias, presentó este lunes ante la Jueza de Control, María Florencia Maza, la acusación en contra de los imputados y en consecuencia el enjuiciamiento público en el cual el Ministerio Público Fiscal probará la imputación que se formula.
La denuncia presentada por el apoderado del Banco de La Pampa, Raúl Alfredo García, en la que concretamente pone en conocimiento del hecho que damnifica individualmente al Banco, procedió a la apertura de la investigación por los hechos.
