La Cámara del Crimen revocó el sobreseimiento del excandidato de Cambiemos Fernando Niembro y ordenó continuar investigando si se cometió un delito con casi 25 millones de pesos que recibió del Gobierno porteño cuando Mauricio Macri era jefe de Gobierno.
"Las pruebas producidas hasta el momento impiden descartar que haya existido un fraude en perjuicio del patrimonio de la administración pública o bien otro de los delitos", indicó la Cámara en su resolución.
La Procuraduría contra el Lavado de Dinero (Procelac) había acusado a Niembro luego de que el diario Tiempo Argentino revelara que recibió más de 25 millones de pesos de distintas dependencias del Gobierno porteño a través de un decreto que permitía saltearse las modalidades de contratación reglamentarias.
Como consecuencia de la difusión de esa información, Niembro terminó renunciando como primer candidato a diputado de Cambiemos por la provincia de Buenos Aires en 2015.
Luego, Niembro fue sobreseido, pero ahora la Cámara del Crimen revocó esa decisión y dio instrucciones sobre cómo debe avanzar la investigación judicial.
Sobre la facturación de Niembro entre 2012 y 2015, indicaron: "La Usina Producciones S.R.L. percibió del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires la suma total de 24.718.595,48 pesos y tuvo un costo de 5.644.898,07 pesos para cumplir con las obligaciones contractuales asumidas, lo que en definitiva le significó una utilidad bruta de 19.073.606,41 pesos".
Niembro había sido contratado en forma directa y sin licitación para "proveer espacios de publicidad" a una cadena televisiva donde él trabajaba y para realizar "encuestas de satisfacción sobre el servicio de recolección de residuos".
La Cámara también le señaló al juez de instrucción Roberto Ponce, que sobreseyó a Niembro en primera instancia, que la diferencia entre gastos e ingresos del Gobierno porteño debería ser considerada como un potencial indicio de una actividad delictual.
Los camaristas Alberto Seijas, Ricardo Pinto y Carlos Alberto González detallaron otras irregularidades entre los pagos del Gobierno y las facturas de la Usina, que tienen diferencias de cuatro millones y medio de pesos.
"No resulta razonable sustentar que exista plena correspondencia entre las contrataciones que La Usina Producciones S.R.L. llevó a cabo con el ente gubernamental y los pagos que dicho organismo le realizó. Tampoco la conclusión vinculada con la ausencia de sobreprecios en los pagos", indicaron los camaristas.
