Las autoridades iraníes condenaron el jueves a muerte a una activista laboral acusada de tener vínculos con una organización kurda ilegalizada, dijeron grupos de derechos humanos.

 

Sharifeh Mohammadi, arrestada inicialmente en diciembre en Rasht, Irán, fue declarada culpable del delito capital de rebelión y sentenciada a muerte, dijeron la agencia de noticias Hengaw, con sede en Noruega, y la agencia de noticias Human Rights Activists, con sede en Estados Unidos.

 

Se la acusa de ser miembro del partido separatista kurdo Komala, prohibido en Irán. Hengaw afirmó que sufrió “tortura física y mental” por parte de agentes de inteligencia mientras estuvo detenida.

 

Un tribunal revolucionario de Rasht, la principal ciudad de la provincia de Gilan en el Mar Caspio, la declaró culpable y la condenó a muerte tras una audiencia, dijeron los grupos.

 

Una fuente cercana a su familia dijo que Mohammadi era miembro de una organización laboral local y que “no tenía nada que ver con Komala”.

 

El Centro Abdorrahman Boroumand, un grupo de derechos humanos con sede en Estados Unidos y centrado en Irán, dijo que la sentencia de muerte estaba vinculada a “su participación en un sindicato independiente”.

 

“Esta decisión extrema pone de relieve la dura represión que sufre la disidencia en Irán, en particular contra los activistas laborales en medio de la crisis económica”, añadió.

 

Una campaña creada para apoyar su caso escribió en sus cuentas de redes sociales que el fallo era “absurdo e infundado” y tenía como objetivo crear “miedo e intimidación” entre los activistas de la provincia de Gilan.

 

Gilan fue un importante centro de protestas que estallaron en 2022 tras la muerte bajo custodia de Mahsa Amini, una mujer kurda arrestada por presuntamente violar las normas de vestimenta para mujeres.

 

Los activistas de derechos humanos han acusado a las autoridades iraníes de utilizar la pena de muerte como herramienta para intimidar a toda la población en respuesta a las protestas.

 

Por otra parte, el grupo no gubernamental Iran Human Rights dijo que al menos 249 personas, incluidas 10 mujeres, fueron ejecutadas en Irán en los primeros seis meses de 2024.

 

Advirtió del riesgo de un “fuerte aumento” de las ejecuciones después de la segunda vuelta de las elecciones presidenciales de Irán el viernes, que enfrentarán al ultraconservador Saeed Jalili contra el reformista Masoud Pezeshkian.

 

Las 249 ejecuciones registradas por IHRNGO incluyeron las de 147 condenados con delitos relacionados con drogas. Un total de 86 personas fueron ejecutadas por delitos de asesinato, según recoge en un comunicado IHRGNO.

 

La mayoría de los ejecutados fueron hombres, pues las cifras recogidas por la oengé dieron cuenta de diez mujeres ejecutadas, además de 35 miembros del pueblo baluchí y quince ciudadanos afganos.

 

Respecto a los primeros seis meses de 2023, el número de ejecuciones en Irán disminuyó en 2024 un 30%, algo que en IHRNGO no invita al optimismo dado que “el análisis del comportamiento en el pasado” del régimen de Teherán “muestra que siempre puede haber olas de ejecuciones tras las elecciones”, según indicó en un comunicado la ONG con sede en Oslo, la capital noruega.

 

IHRNGO aludía así al proceso electoral por el cual los iraníes están llamados a votar en los comicios presidenciales organizados tras la muerte en un helicóptero de Ebrahim Raísi.

 

El viernes los iraníes votarán en la segunda vuelta de las elecciones presidenciales entre dos visiones opuestas de Irán, la representada por el moderado Masoud Pezeshkian, quien busca una apertura del país, y la del ultraconservador Saeed Jalili, opuesto a Occidente.