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Se trata de una causa por defraudación a la Administración Pública que también involucra al ex secretario de Transporte Ricardo Jaime y en la que la OA es querellante.

A pesar de que varios políticos comenzaron a "rechazar” sus fueros, el juez federal Luis Rodríguez rechazó detener y pedir el desafuero del diputado kirchnerista y ex ministro de Planificación, Julio De Vido, por entender que no hay riesgo de fuga o entorpecimiento de la causa de Río Turbio. Esta postura se condice con el criterio que había usado el jueves, con tres funcionarios con menores responsabilidades, en el desvío de 265 millones de pesos sobre un total de 26 mil millones invertidos en la fracasada reconversión de esa mina.

La ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich, consideró que el diputado nacional y ex ministro de Planificación Federal Julio De Vido debería pedir su propio desafuero, sin necesidad de que intervenga la Cámara baja, porque "éticamente, es lo que corresponde", pero consideró que "uno no le puede pedir peras al olmo".

El interventor de Yacimientos Carboníferos Río Turbio (YCRT), Omar Zeidán dijo que son trece las denuncias por el supuesto manejo fraudulento de fondos en la empresa que se tramitan en fueros federales, a partir de una auditoría integral ordenada por el gobierno nacional.

El ministro de Interior, Rogelio Frigerio, afirmó que "los fueros están para proteger la libertad de expresión, no para garantizar impunidad, eso corre para todos. Si hubo corrupción, d”, sostuvo.

El fiscal federal Carlos Stornelli pidió la detención del ex ministro de Planificación Federal y actual diputado nacional Julio De Vido y de su ex segundo Roberto Baratta en una causa que investiga el presunto desvío de fondos de la minera de Río Turbio.

La diputada nacional y jefa de la Coalición Cívica, Elisa Carrió, advirtió hoy sobre la existencia de una "orden escrita de omertá" para proteger al ex ministro kirchnerista Julio De Vido y evitar que se amplifique el caso Odebrecht, e involucró en las acusaciones de corrupción a jueces, empresarios y sectores del Gobierno.