Caso de la beba internada en Santa Rosa: la postura del Ministerio Público sobre la reserva de la causa

Los representantes del Ministerio Público Fiscal (MPF) brindaron detalles ante la prensa local acerca de los fundamentos jurídicos y procesales que orientan la investigación preliminar por la grave situación de una beba de cuatro meses, oriunda de 25 de Mayo, quien permanece internada con pronóstico reservado en el Hospital Favaloro de Santa Rosa.

La fiscala Eugenia Bolzán y el fiscal adjunto Luis Peralta Hurtado explicaron los motivos detrás del hermetismo en la difusión de información y confirmaron la creación de un equipo médico forense interdistrital como paso previo para elevar el expediente al peritaje de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. A este equipo se sumó el fiscal Oscar Cazenave.

Protección de derechos y marco legal

Ante los medios, los funcionarios enfatizaron que la reserva de las actuaciones no persigue ocultar información, sino cumplir con mandatos constitucionales, tratados internacionales de derechos humanos y la Ley Nacional N.º 26.061 de Protección Integral de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes.

Bolzán destacó el trabajo interdisciplinario coordinado desde el pasado 7 de septiembre junto con la Unidad Regional de Protección de Niñez, la Asesoría y la Defensoría de Niños, Niñas y Adolescentes:

“Debemos ser cuidadosos. Reservar la investigación no es ocultar; hay un legajo abierto y se están tomando todos los recaudos para preservar la intimidad y la integridad de la beba. No se pueden dar datos apurados cuando estamos recopilando información clínica y testimoniales”

Por su parte, Peralta Hurtado detalló las normativas que imponen restringir la divulgación pública de datos que faciliten la identificación directa o indirecta de menores en causas penales:

“Cuando hablamos de niñas, niños y adolescentes hay dos derechos en pugna. El de dar información como funcionarios públicos y el interés superior del niño, enmarcado en normas de jerarquía constitucional, que es superior a cualquier otro derecho. Revelar datos de un caso en desarrollo o informes médicos parciales solo trae confusión y desprotección tanto para la víctima como para el proceso judicial”

Estado procesal y medidas vigentes

En relación con la situación judicial del expediente, los fiscales repasaron diversos ejes estructurales:

• Detenciones: Sobre la ausencia de personas detenidas en esta instancia, Peralta Hurtado señaló que para ordenar aprehensiones o prisiones preventivas deben cumplirse los presupuestos de peligros procesales contemplados en los artículos 245 y 246 del Código Procesal Penal. “Hoy en el estado procesal en que nos encontramos, la investigación preliminar, no se dan esos presupuestos, lo cual no significa que más adelante no pueda ocurrir”, afirmó.
• Declaraciones: Los padres de la menor aún no han declarado en la causa.
• Medidas cautelares: Recordaron la aplicación de restricciones preventivas e inaudita parte dictadas por la jueza de Control con el fin de resguardar la seguridad física y psíquica de la niña, remarcando que el accionar de la fiscalía vela por la integridad de la víctima y no por la protección de adultos.

Peritajes médicos y acceso al legajo

Para profundizar en el análisis de las historias clínicas procedentes de los centros de salud de 25 de Mayo, Neuquén y el Hospital Favaloro, se constituyó un cuerpo médico forense integrado por especialistas de Santa Rosa, General Pico y General Acha.

Asimismo, la fiscalía ratificó que redactará los puntos de pericia en conjunto con los profesionales médicos locales para remitir la totalidad del legajo al Cuerpo Médico Forense de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, organismo encargado de emitir el dictamen conclusivo sobre las causas del estado de salud de la lactante.

Finalmente, frente a los reclamos planteados por la Red Infancia Robada y sectores de la comunidad, los funcionarios recordaron que la normativa vigente estipula que las actuaciones judiciales y la información contenida en el legajo resultan de acceso público únicamente para las partes legitimadas en el proceso.