Ayer debutó finalmente el llamado "sistema acusatorio" contemplado en el nuevo Código Procesal Penal Federal. Se puso en marcha en Salta y Jujuy, las dos primeras provincias donde rige ya el nuevo régimen procesal para delitos federales. En los próximos cinco años comenzará a aplicarse por etapas en las distintas regiones del país.

 

A partir de la cero hora del lunes 10, cualquier hecho delictivo o proceso iniciado en alguna de estas dos provincias que involucre, por ejemplo, narcotráfico, contrabando, trata de personas o lavado de dinero, será investigado y llevado a juicio con el nuevo sistema.

 

Cuando la Gendarmería, la Policía Federal, la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) o las Policías Provinciales realicen un operativo, por ejemplo de drogas, deben avisarle ahora a un fiscal –en lugar de a un juez-, y será el representante del Ministerio Público Fiscal quien iniciará y dirigirá la investigación.

 

Esto es así porque el principal cambio del nuevo Código es que la investigación de los delitos quedará a cargo exclusivamente de los fiscales, quienes promoverán la acción penal.

 

Los jueces intervendrán para garantizar que se cumpla la ley y las garantías durante todo el proceso, la validez de las pruebas y la acusación, y deberán resolver los casos en una audiencia oral y pública.

 

Esto implica en la práctica que los jueces "perderán poder" en el trámite del proceso y que los fiscales serán los responsables -en forma autónoma- de las investigaciones, tal como sucede, por ejemplo, en Brasil, donde el Ministerio Público Fiscal de ese país condujo la investigación del Lava Jato.

 

No obstante – según explicó Juan José Benítez, subsecretario de Justicia y Política Criminal de Nación – "todas las medidas que impliquen limitaciones a los derechos personales –como allanamientos, secuestros de posibles pruebas o bienes- deberán seguir siendo autorizadas por un magistrado". También en caso de que haya detenidos, el fiscal debe informarle al juez.

 

 

Una de las consecuencias para la sociedad de la entrada en vigencia del nuevo código será la llegada a una sentencia – o sobreseimiento- más rápido.

 

"La oralidad de los procedimientos penales redundará en juicios más ágiles y sencillos. Se reducirán los tiempos y los casos no demorarán hasta 14 años, como viene sucediendo hasta ahora", señaló Benítez, el funcionario del Ministerio de Justicia que vino monitoreando la implementación del nuevo Código.

 

El nuevo Código establece que todo el proceso penal, a partir de la formalización de la investigación, podrá demorar como máximo tres años cuando se trate de casos comunes, y seis cuando se trate de casos complejos.

 

Para avanzar con mayor rapidez en las investigaciones, será posible conformar equipos interdisciplinarios de fiscales federales con fiscales de instrucción provinciales, cuando por ejemplo, un delito ordinario tiene conexión con un delito federal, o con diferentes áreas especializadas de la Procuración General de la Nación. También podrán coordinarse tareas con las fuerzas de seguridad y autoridades de diversas jurisdicciones. "La idea es contar con más herramientas y técnicas de investigación", afirmó Benítez.

 

 

Por el rol que tendrá la oralidad del proceso, el expediente escrito tal como se conoce hoy en día, quedará más como un legajo de prueba, mucho más informal. A esto se suma – explicó Benítez- que "pasa a ser completamente digital, por lo que se agiliza todo el proceso". Ya no habrá causas con decenas de cuerpos con 200 folios cada uno apilándose en los pasillos y oficinas de los Juzgados.

 

Para avanzar en ese sentido, está prevista la compatibilización de los sistemas informáticos Lex 100 del Poder Judicial, el Coirón del Ministerio Público Fiscal, y el Defensa.net del Ministerio Público de la Defensa.

 

 

El nuevo régimen acusatorio apunta a una división más clara de roles, para así resguardar la imparcialidad del juez. El fiscal estará a cargo de direccionar la investigación y buscar las pruebas que considere necesarias para llevar al juicio oral. Hoy, los jueces federales pueden delegar la investigación en los fiscales, o elegir llevarla adelante ellos mismos.

 

"Va a claramente estar delimitado quién investiga, quién va a ser el que juzga, y quién va a ejercer la defensa. Es una nueva forma de investigar y hacer justicia en el derecho penal", sostuvo el fiscal federal Nº1 de Salta, Ricardo Toranzos en un video oficial explicativo difundido en las redes.

 

En caso de que haya detenidos en un procedimiento, el fiscal debe informar inmediatamente al juez y pedir una audiencia de imputación para el control de la detención, que deberá realizarse en 48 hs para informarle al acusado de qué se lo imputa. Si no hay detenidos, esta audiencia se debe realizar en un plazo de 15 días.

 

"Se implementan audiencias multipropósito en las que, por un lado, el fiscal le imputa el hecho al acusado, pero la causa podría incluso finalizar ahí mismo si hay acuerdo para un juicio abreviado con su defensa", precisó el subsecretario de Justicia.

 

A modo de ejemplo, el ministro de Justicia de la Nación, Germán Garavano, relató que en el simulacro que se hizo el viernes pasado para probar el nuevo sistema en Salta, "la aplicación del nuevo Código permitió que una audiencia terminara en 34 minutos".

 

El fiscal de Instrucción salteño Eduardo Villaba, en tanto, destacó que "se trata de un sistema oral, más transparente donde la comunidad va a poder saber los casos que se están juzgando".

 

 

"Con el nuevo sistema, la víctima tiene un papel mucho preponderante", advirtió su colega Federico Zurueta, fiscal Federal Nº 2 de Jujuy. En este sentido, el nuevo Código va en línea con la ley 27.372 de Derechos y Garantías de las Personas Víctimas de Delitos.

 

 

El nuevo Código Procesal Penal fue sancionado a fines de 2014, pero no entró en vigencia en ese momento. El nuevo texto ordenado, con las incorporaciones dispuestas por la ley de flagrancia y nuevas modificaciones, se aprobó recién en febrero de este año bajo el número de ley 27.482.

 

Se incorporaron las figuras del arrepentido y el agente encubierto, el régimen de responsabilidad penal empresaria y el de ejecución de la pena, sancionadas en los últimos años por distintas leyes.

 

Para la puesta en marcha en todo el país hay un calendario que deberá ir aprobando la Bicameral de Monitoreo e Implementación del Nuevo Código Procesal Penal de la Nación, que preside el senador justicialisa salteño Rodolfo Urtubey. "El plazo estimado para que esté vigente en todo el país es de cinco a siete años. Habrá ajustes en la gestión y según el flujo de trabajo. Cada jurisdicción es completamente distinta", concluyó Benítez.

 

Fuente: Infobae