Conflicto por Los Nihuiles: Mendoza redobla su apuesta judicial ante la Corte Suprema contra La Pampa

En el marco de la disputa judicial originada por el decreto del presidente Javier Milei que adjudicó a Mendoza la totalidad de las regalías del complejo hidroeléctrico Los Nihuiles, el gobierno provincial diagramó una doble ofensiva legal ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación en su litigio con La Pampa.

Mediante las intervenciones de la Fiscalía de Estado y la Asesoría de Gobierno, la administración cuyana concretará una nueva presentación sustentada en la promulgación del Decreto 982/2026. Dicha normativa anuló el régimen establecido en 1973 mediante el Decreto 1560/73, el cual establecía la distribución equitativa de los recursos de la represa entre ambas jurisdicciones.

Los dos ejes de la estrategia mendocina

La estrategia jurídica diseñada por el equipo legal contempla dos puntos centrales:

• Readecuación de la demanda: Se ampliará el expediente en curso para exigir el cobro retroactivo de fondos considerados no percibidos durante cinco décadas.
• Pedido de inhibitoria: Se solicitará al máximo tribunal que aparte al fuero federal pampeano, el cual dictó una medida cautelar contra el nuevo sistema distributivo.

El Decreto 982/2026 alineó el marco regulatorio con el reclamo histórico de Mendoza, fundamentado en que el salto de agua se localiza de manera íntegra dentro de sus límites geográficos. Pese a otorgar el 100% de las regalías a la provincia cuyana, la norma convalidó la vigencia del esquema anterior durante el tiempo que transcurrió, desestimando la existencia de pasivos o deudas acumuladas hacia el pasado.

Ante este panorama, la Fiscalía comandada por Fernando Simón modificará la acción judicial iniciada en 2022. El argumento legal sostiene que la caída del Decreto 1560/73 debe aplicarse desde su origen y que el Estado Nacional debe abonar los montos que no se liquidaron a lo largo de cincuenta años. Hacia diciembre de 2021, el monto exigido alcanzaba los $67.338 millones, cifra que deberá actualizarse mediante los índices correspondientes al momento en que se emita el fallo.

La demanda apunta de manera directa al Estado Nacional, responsable de la liquidación y el pago de las regalías, dejando al margen por el momento los posibles cruces judiciales que la Casa Rosada mantenga con la gestión de La Pampa.

Acción contra el fallo de Santa Rosa

En paralelo, el Ejecutivo mendocino se presentará ante la Corte Suprema para frenar la medida cautelar interina emitida por el juez federal de Santa Rosa, Juan José Baric. El magistrado había suspendido artículos fundamentales del Decreto 982/2026 a raíz de un recurso presentado por el gobernador pampeano, Sergio Ziliotto.

El planteo mendocino requerirá la inhibitoria formal del juez santarroseño bajo el argumento de que el fuero federal de primera instancia carece de jurisdicción para resolver sobre un diferendo cuya materia principal ya corresponde a la competencia originaria de la Corte Suprema.

Dado que no fue notificada formalmente en el expediente impulsado en La Pampa, la provincia cuyana prescindirá de aguardar el desenlace de la cautelar y acudirá de forma directa ante los ministros del máximo tribunal para centralizar la resolución definitiva del conflicto interprovincial.