El Gobierno finalizó el paquete de leyes sobre Malvinas y lo envía hoy a la Cámara de Diputados

El Poder Ejecutivo concluyó la redacción definitiva del paquete legislativo vinculado a la cuestión Malvinas y prevé remitir este miércoles a la Cámara de Diputados el proyecto denominado Ley de Defensa de la Soberanía Nacional. La propuesta normativiza un conjunto de herramientas enfocadas en los planos económico, diplomático y de seguridad.

Durante las últimas horas, la Casa Rosada finalizó el cierre técnico del texto tras intensas jornadas de labor sobre un articulado de gran extensión. Previo a su ingreso formal al Parlamento, la normativa debe ser incorporada al sistema de Gestión Documental Electrónica (GDE) para cumplir con el procedimiento administrativo correspondiente.

Ejes centrales de la iniciativa

El cuerpo legal se compone de aproximadamente seis títulos. Su presentación en la Cámara baja se concreta este miércoles, luego de que surgieran discrepancias internas en torno al calendario de envío. Desde el equipo de redacción señalaron que la prioridad estuvo puesta en consolidar el contenido antes de imprimir velocidad al trámite político.

El plan había sido anticipado por el presidente Javier Milei el pasado 3 de septiembre. Entre los pilares anunciados por la administración central figuran:

• La creación de un Consejo de Seguridad Nacional.
• Un régimen específico para la salvaguarda de infraestructura crítica.
• Nuevos marcos normativos orientados a la protección aeroespacial y marítima.

Uno de los apartados fundamentales apunta a endurecer las sanciones y los instrumentos de control contra corporaciones y operadores que participen en actividades económicas en el archipiélago sin el aval de la Argentina. En una primera instancia, la labor oficial se concentró en el rubro hidrocarburífero, aunque durante la confección del texto se evaluó ampliar la órbita hacia la pesca, la minería y otras explotaciones productivas, con especial atención en el avance del proyecto Sea Lion.

Cabe destacar que el Ejecutivo ya puso en marcha acciones sobre el sector petrolero mediante el Decreto 868/2026, amparado en los procedimientos previstos por la Ley 26.659. Con este nuevo proyecto, se pretende ensanchar el paraguas legal frente al aprovechamiento de recursos en la región.

Infraestructura crítica y defensa aeroespacial

Otro de los ejes de la normativa aborda la defensa de instalaciones críticas y suministros clave. El Estado busca fijar parámetros de seguridad en redes, centros de datos y telecomunicaciones, bajo un concepto de Seguridad Nacional que trasciende el plano estrictamente militar.

En el ámbito aeroespacial, la iniciativa procura agilizar los protocolos frente a aeronaves catalogadas como hostiles y disminuir los márgenes de ambigüedad en los diferentes estadios de intervención, lo que contempla el eventual uso de la fuerza como recurso extremo. No obstante, se aclaró que el texto no contempla el derribo automático de tránsitos irregulares.

Durante el proceso de redacción, el Gobierno optó por acotar el alcance de borradores iniciales: se descartó una modificación integral de la Ley de Seguridad Interior para potenciar el despliegue de las Fuerzas Armadas en el territorio nacional, mientras que las modificaciones al sistema de Inteligencia avanzarán por una vía parlamentaria separada.

El dispositivo se complementa con un sistema de vigilancia en el Atlántico Sur que articula radares, telecomunicaciones, redes satelitales y señales de inteligencia. En esta arquitectura, la Base Naval Integrada de Ushuaia funcionará como un nodo clave para centralizar los datos y optimizar el monitoreo marítimo y aéreo.

Estrategia parlamentaria

Una vez que el expediente ingrese a Diputados, se pondrá en marcha la fase de tratativas políticas. Milei solicitó a sus colaboradores preservar el diálogo con los bloques aliados y evitar que conozcan los pormenores del texto a última hora.

La Casa Rosada planea mantener encuentros con representantes del PRO, la UCR y diversos sectores federales para detallar los alcances del proyecto y recibir aportes antes de su debate en el recinto. Por el momento, el oficialismo desestima un trámite exprés, priorizando la estructuración de consensos parlamentarios y la definición de la agenda de comisiones.