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Lo hizo Mario Villar en una audiencia virtual. “Son hechos muy graves en los que están involucrados funcionarios públicos”, dijo y agregó que se le priva a la Fiscalía exponer las pruebas en un proceso oral.
El joven fue llamado a declarar tras una polémica publicación.
La joven, recientemente liberada, habló en el programa Periodismo para Todos. Dijo que está enojada con Díaz y que "nunca creyó" que fuera a concretar el ataque.
La Superintendencia de Servicios de Salud autorizó a las financiadoras a subir 13,8% la cuota en diciembre, lo que lleva al aumento al 113,8% en el año. La vicepresidenta se quejó porque afecta a las familias argentinas en un “servicio imprescindible”.
El diputado nacional y líder de La Cámpora habló de las candidaturas en 2023 y sugirió que Alberto Fernández debería descartar la posibilidad de participar en una PASO. Además, consideró que Rodríguez Larreta será el postulante de Juntos por el Cambio.
La vicepresidenta de la Nación presentó un escrito ante la Justicia, mediante el cual solicita la ampliación de la investigación, para determinar la “probable financiación de personas pertenecientes a la oposición”.
La vicepresidenta de la Nación se expresó vía Twitter tras conocerse los indices de pobreza, emitidos por el INDEC. De esta manera, la funcionaria le reclamó mayor intervención en el sector de alimentos, al ministerio de Economía.
La magistrada consideró que no hay “hasta el momento” ningún vínculo entre esta organización y los cuatro detenidos por el intento de asesinato de la ex presidenta.
 
La jueza María Eugenia Capuchetti, que tiene a su cargo la causa por el intento de asesinato de la vicepresidenta Cristina Kirchner, rechazó en las últimas horas investigar a la agrupación extremista Revolución Federal como posibles instigadores del ataque.
 
A través de un fallo al que accedió Infobae, la magistrada señaló que “los hechos denunciados se circunscriben a personas totalmente distintas y hasta el momento sin vinculación con aquellas que se encuentran imputadas” por el fallido magnicidio.
 
 
De esta manera, entendió que el espacio de orientación libertaria, que organizó varias movilizaciones en contra del Gobierno, por el momento no tiene una relación clara con Fernando Sabag Montiel, quien realizó el fallido disparo a centímetros del rostro de la ex presidenta; ni con Brenda Uliarte ni tampoco con Nicolás Carrizo ni Agustina Díaz, los otros detenidos.
 
En ese contexto, Capuchetti remarcó que “de la reconstrucción efectuada a partir del conjunto de elementos de prueba hasta aquí obtenida, no se ha vislumbrado hasta el momento ninguno que vincule -objetivamente- a los acusados con la agrupación Revolución Federal; ni con sus miembros o líderes, ni que permitan sostener que el hecho específico que intentaron consumar hubiese sido planificado y organizado por o con los miembros de ese grupo”.
 
Por esto, resolvió “no aceptar la competencia atribuida en las presentes” y devolvió el expediente al Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal N°8, a cargo de Marcelo Martínez De Giorgi, que había dicho que ambas cuestiones se tenían que investigar juntas.
 
Tras el ataque ocurrido el 1° de septiembre en la puerta de su casa de CFK, un mail del Ministerio de Seguridad entró a Comodoro Py con una denuncia de una persona identificada como Luca Morales, quien informaba que en las redes sociales estaba circulando un perfil en el que había manifestaciones sobre atentados contra la democracia y en el que se incitaría al odio y a la violencia política de forma directa contra el Presidente y la Vicepresidenta.
 
La cuenta de Instagram era “@revolucionfederal”. Allí decía: “Los vamos a perseguir, van a tener miedo de salir a la calle. El robo y la corrupción Argentina va a dejar de ser gratis por las buenas o por las malas”. Aparecían además los datos de una cuenta bancaria a nombre de Leonardo Franco Sosa para realizar “donaciones”.
 
El juez Martínez De Giorgi, que recibió la causa por sorteo, le preguntó a su colega Capuchetti si el grupo Revolución Federal estaba siendo investigado por el atentado a Cristina Kirchner. La jueza le dijo que no, por lo que le remitió la presentación para que las dos cuestiones formen parte de un mismo expediente.
 
Sin embargo, este jueves la magistrada explicó que, a partir de las actuaciones de los fiscales en el marco de la investigación del atentado contra la Vicepresidenta, surge que los integrantes de esta agrupación son “personas que de ningún modo guardan relación con los hechos”.
 
En este sentido, remarcó que los argumentos que dio en su momento Martínez De Giorgi “resultan insuficientes para esclarecer los extremos requeridos por el código de forma para afirmar, en este estado de la investigación, la pretendida vinculación procesal”.
 
De acuerdo con lo que precisaron a Infobae fuentes judiciales, ahora será el presidente de la Cámara Federal, Mariano Llorens, el que deberá definir quién se queda finalmente con la causa por las amenazas hechas por esta agrupación extremista.
 
 
Qué es Revolución Federal
 
Se trata de una organización relativamente nueva, pero que cobró mucha popularidad por sus escraches violentos y repudiables a distintos funcionarios del oficialismo y de la oposición, entre ellos a los ministros Jorge Ferraresi y Sergio Massa, y al diputado nacional Rodrigo De Loredo, según consignó Infobae en esta nota del 7 de julio.
 
 
La Justicia registró la génesis del grupo el 10 de mayo pasado, cuando hicieron varias publicaciones en redes sociales y difundieron un código QR para sumar más militantes a un chat de WhatsApp. Casi a la par, cinco días después, surgió otro grupo con orientación similar, llamado Nación de Despojados.
 
Brenda Uliarte, pareja de Sabag Montiel y también detenida por el ataque a Cristina Kirchner, participó de una de las convocatorias hechas por Revolución Federal frente a Casa Rosada y realizada el 18 de agosto, pese a que los organizadores dicen que no la recuerdan.
 
Días atrás, el interventor de la Agencia Federal de Inteligencia, Agustín Rossi, presentó una serie de audios que fueron grabados durante una transmisión en vivo que realizaron el 28 de agosto pasado algunos de los integrantes de este espacio radical libertario, en el que hablaban abiertamente de “hacer patria” mediante un atentado contra la ex presidenta y otros miembros del Gobierno.
 
Posteriormente, la titular del Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo (Inadi), Victoria Donda, denunció por amenazas de muerte en su contra y apología del delito al líder de esta misma agrupación, Jonathan Morel.

El senador del Frente de Todos apuntó contra la actual Corte Suprema de Justicia de la Nación. Pese a haber sido aprobado en el Senado, el proyecto quedaría trabado en Diputados.

La vicepresidenta ejerció hoy su propia defensa en la última jornada de alegatos de la defensa en la causa Vialidad, que la tiene como acusada por corrupción en la obra pública de Santa Cruz.
Los principales detenidos por el atentado a la vicepresidenta habrían intentado volver a atacar a la funcionaria.
A las 9 horas comenzó la segunda de las tres jornadas que los abogados de la Vicepresidenta pidieron para alegar. La ex mandataria tiene un pedido de condena de 12 años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos
Alberto Beraldi, el abogado de Cristina Kirchner, remarcó ayer en el alegato, que "la verdad siempre triunfa y eso es lo que ocurrió en este juicio".
Este lunes comenzó el alegato de la defensa de la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner en el marco de su imputación en la causa Vialidad. La misma se encuentra señalada como jefa de una asociación ilícita que se benefició con la obra pública de Santa Cruz entre 2003 y 2015.
El ex presidente recorrió Pergamino y Junin en medio del llamado al diálogo de la Vicepresidenta para llegar a un “acuerdo mínimo” con la economía.
El detenido declaró este viernes ante la jueza Capuchetti y el fiscal Rívolo.
Así consta en las conversaciones que tuvo con Agustina Díaz. “Voy con el fierro y le pego un tiro a Cristina. Me dan los ovarios para hacerlo”, dijo en otro mensaje.
Discutió el plan con su amiga Agustina Diaz, apresada anoche; la chica cambió el chip de su telefono y le aconsejaba a la novia de Sabag Montiel que descartara su celular.
No son pocos los políticos que recurren a videntes o brujas, creyendo poder anticiparse a eventos que aún no han ocurrido. Otros prefieren contratarlos para realizar “limpiezas energéticas”, como fue el caso de la ex primera dama, Juliana Awada, antes de mudarse a la Quinta Presidencial de Olivos.
Es información que surge luego de analizar los teléfonos celulares de Brenda Uliarte y Fernando Sabag Montiel, los dos detenidos en la causa.
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