Los fiscales del juicio oral y público en el que se investiga si hubo direccionamiento de la obra pública vial en Santa Cruz en favor de las empresas de Lázaro Báez durante los gobiernos kirchneristas continuaron este lunes con sus alegados.

 

Al mismo tiempo, la defensa de la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner recusó a uno de ellos y a un miembro del tribunal por presuntos vínculos con el expresidente Mauricio Macri.

 

En la cuarta audiencia - que a pesar de la recusación, se realizó con total normalidad- los fiscales Diego Luciani y Sergio Mola iniciaron describieron lo que llamaron “la caja clandestina de Lázaro Báez que nunca se controló”.

 

Se trata de las obras públicas que las empresas de Báez recibieron para obras de remediación de canteras y movimiento de suelos.

 

Ante el Tribunal Oral Federal 2, y Cristina Kirchner (autorizada a ausentarse), Luciani señaló que Báez ganó todas las licitaciones para la remediación de canteras por un total de 220 millones de dólares y que la gran mayoría fueron cercanas a las elecciones presidenciales de 2007 que ganó el Frente de Todos.

 

“En las licitaciones de remediación de canteras Lázaro Báez compitió contra Lázaro Báez”, afirmó Luciani.

 

Para ejemplificar sus dichos, el fiscal mostró cada una de esas obras en las que expuso el mecanismo por el cual en las licitaciones competían Austral Construcciones, Kank y Costilla y Gotti y en otras empresas (en su mayoría Petersen), que siempre quedaba descalificada.

 

Se trata - aclaró- del mismo mecanismo que se utilizó para las licitaciones de las obras viales que la Fiscalía analizó en las audiencias anteriores.

 

A su turno, Mola aseveró que se buscó ocultar esas licitaciones (debían ser publicadas en los diarios de Santa Cruz para que las empresas que quisieran pudieran presentarse).

 

¿Qué pasaba? Mola explicó que esas licitaciones se publicaban en las secciones de belleza, chistes o, incluso, en páginas en las que había avisos contra la eyaculación precoz.

 

“La ley no especifica dónde debe publicarse, pero se hacía en lugares no relacionados con la obra pública”, afirmó el fiscal.

 

Luciani y Mola protagonizaron así la cuarta, de nueve, audiencias que solicitaron para el desarrollo de un alegato que culminará, según ellos mismos anunciaron, con el pedido de condenas para los 13 imputados por la supuesta comisión de los delitos de asociación ilícita y defraudación, entre los que está la vicepresidenta.