Los gobernadores elevaron una nota al máximo órgano judicial reclamando que no haga lugar a la acción judicial interpuesta por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires que, a través de decretos dictados en la gestión de Mauricio Macri, “vio incrementada en forma desmesurada la distribución de recursos” en desmedro de las provincias argentinas.
El encuentro tuvo lugar en la mañana de ayer miércoles en Casa Rosada, donde además del presidente Alberto Fernández, el jefe de Gabinete Juan Manzur y el ministro del Interior, Eduardo de Pedro, participaron el gobernador pampeano, Sergio Ziliotto y sus pares Axel Kicillof (Buenos Aires), Raúl Jalil (Catamarca), Mariano Arcioni (Chubut), Gustavo Bordet (Entre Ríos), Gildo Insfrán (Formosa), Ricardo Quintela (La Rioja), Oscar Herrera Ahuad (Misiones), Omar Gutiérrez (Neuquén), Sergio Uñac (San Juan), Alicia Kirchner (Santa Cruz), y Osvaldo Jaldo (Tucumán).
A ellos se sumaron el vicegobernador Antonio Marocco (Salta) y el fiscal de Estado de San Luis, Eduardo Allende y de manera virtual, el gobernador de Tierra del Fuego, Gustavo Melella, y el vicegobernador de Río Negro, Alejandro Palmieri.
Los mandatarios coincidieron en que la Ley de Coparticipación Federal N° 23.548 es producto de un proceso político-jurídico complejo del que surgen los porcentuales de distribución que corresponden a cada distrito, dentro de los cuales la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a partir de su autonomía percibía un 1,4 %.
Recordaron que durante la presidencia de Mauricio Macri, por decreto y omitiendo la intervención del Congreso de la Nación -establecida en el artículo 75 inciso 2, párrafo 5°, donde explícitamente se prevé su intervención para aprobar transferencias de competencias, servicios o funciones y la reasignación de recursos-, se elevó el porcentaje que recibe CABA a 3,75 %, sin justificar los motivos de ese beneficio extraordinario.
Los gobernadores entienden que el aumento del índice coparticipable a CABA surgió de una “decisión unilateral y desproporcionada” y se constituyó en una “verdadera violación del federalismo” que vino a romper “el equilibrio existente entre las jurisdicciones”, además de “desconocer los procedimientos previstos en la Constitución Nacional”.
En este sentido, afirmaron que “se violaron los principios de equidad, solidaridad y de igualdad de oportunidades en todo el territorio nacional”, otorgando a CABA “una posición relativa de fortaleza presupuestaria y fiscal en comparación con la mayoría de las provincias argentinas”.
Asimismo, entienden que si el máximo órgano judicial de la Argentina convalida la decisión tomada durante el gobierno de Mauricio Macri se sentaría “un precedente de graves consecuencias para el federalismo”, y se consolidaría “un paradigma de desigualdad que desde el 10 de diciembre de 2019 se intenta revertir con el accionar coordinado entre los gobiernos provinciales y nacional”.
