La exintendenta de Realicó, Roxana Lercari, fue absuelta el pasado 23 de noviembre del delito de incumplimiento de los deberes de funcionaria pública, pero recibió una condena de un mes de prisión en suspenso y dos de inhabilitación por "abuso de autoridad", al considerar que se aumentó el sueldo sin la aprobación del Concejo Deliberante.

 

Lercari apeló este último fallo y aseguró: "No cometí ningún delito, todo fue un armado"

 

La exjefa comunal realiquense se refirió a las causas judiciales por las que la investigaron.

 

El Poder Judicial resolvió absolver a la la ex intendenta de la acusación de incumplimiento de los deberes de funcionaria pública por la firma de convenios con el gobierno nacional para la realización de obras públicas en la localidad, sin el aval de la Provincia.

 

En cambio, interpretaron que era un delito, con una leve condena, haber aumentado su salario sin la aprobación del Concejo Deliberante.

 

La primera de las causas fue impulsada por el entonces gobernador Carlos Verna, mientras que la segunda se inició a raíz de una denuncia de los concejales del Justicialismo realiquense encabezados por el exintendente de Realicó, José Braulio Álvarez (hoy fallecido).

 

En diálogo con el portal Infotec, Lercari admitió que la situación "fue súper estresante, incómoda, impensada, pero la fuerzas estuvieron y pudimos transcurrir esos tres días de juicio oral".

 

Respecto de la causa sobre los convenios firmados con Nación sin haber solicitado la autorización previa del gobierno provincial, Lercari sostuvo "fui absuelta, porque no se encontraron indicios de que yo quise incumplir con el artículo 151, la razón está en que siempre hice público cada una de mis gestiones, como así también lo fui informando de forma telefónica y por mail, a la provincia en forma constante".

 

Agregó que "otro de los elementos que tomó la justicia, fue que recién en el 2017 se me hace saber de la condición de tener que pedir autorización, cuando me lo solicitan yo pongo todo a disposición. Además, la justicia evaluó y valoró, el hecho de que otros intendentes tampoco pidieron autorización, por lo tanto no estaba claro si eso se venía o no cumpliendo", explicó Roxana Lercari.

 

Puntualizó que "el artículo 151 de la Ley Orgánica de Municipalidades y Comisiones de Fomento, que obliga a pedir previa autorización al gobierno provincial para firmar un convenio, pero no está reglamentado. Entonces el gobierno provincial toma discrecionalmente las decisiones en relación con ese artículo, y una de las más complicadas tenía que ver con los tiempos de respuesta, o sea uno pedía la autorización para firmar los convenios y el gobierno se tomaba todos los tiempos del mundo, y no solo eso sino que cuando respondía solicitaba cosas irrisorias que estaban dentro del mismo convenio, todo como para retardar y retrasar esta autorización, de hecho ya todos saben que por ese retraso nosotros hemos perdido la obra de la plaza en su momento y un problema muy grande para firmar el convenio con medio ambiente, todo lo que tiene que ver con la planta de residuos".

 

Y agregó que "es una modalidad que yo en este momento puedo expresar, se entiende como extorsiva a los municipios e intendentes, porque sí o sí no hay claridad en absoluto de cómo proceder en caso de que uno gestione con Nación".

 

La radical evaluó que estas situaciones "son hechos administrativos que han querido ser encausados como un delitos penales, es una cuestión muy grosa y no se termina de comprender que detrás hay personas, familias y este tipo de manipulación y armado afecta muchísimo, y en este caso no hablo solo a nivel personal, sino también familiar, esto afectó al pueblo de Realicó.

 

Sueldo

 

En cuanto a la causa que iniciaron los concejales de la oposición por el aumento de su sueldo, Lercari recibió una condena de un mes de prisión condicional y de dos meses inhabilitada para ejercer cargos públicos.

 

"Aunque es una mínima sentencia, nosotros hemos apelado al Superior Tribunal de Justicia porque consideramos que en esa causa tampoco cometí ningún delito, todo fue armado, no soy culpable y la razón es que se siga investigando como corresponde", aseguró la exintendenta.

 

Además, dijo que se realizó un análisis en el Ministerio Público Fiscal de General Pico, el cual habría dejado muchas variables de lado.

 

"Acusarme de un aumento de sueldo de alguna manera sumando y restando numeritos de recibos, sin mirar lo que es la legislación municipal y provincial, consideramos que es un error, que está faltando mucha investigación en esto, y cómo será que nosotros nos hemos encontrado cuando iniciamos la gestión con la falencia de mucha reglamentación dentro del municipio, hubo períodos en los que no se consigan resoluciones de cuáles debían ser los sueldos de los funcionarios, por supuesto que averiguando se utilizaba un cuaderno borrador para asignarle a cada funcionario lo que el intendente pensaba que debía cobrar, pero no hacía ninguna resolución que es obligación", especificó.