La CTA de los Trabajadores salió a respaldar a la intendenta de Santa Isabel, Marta Paturlane, envuelta en una dura interna político-partidaria a nivel local.

 

Desde el área de Género de la Central expresaron "enérgico repudio al manejo mediático y político hacia una jefa comunal de nuestro querido oeste pampeano, que llegó a ocupar un espacio de representación política por la voluntad popular".

 

"Estos hechos visibilizan el crecimiento de la violencia política en general, con especial impacto contra las mujeres y sus liderazgos. La violencia machista y patriarcal que atraviesan las mujeres trabajadoras, en los distintos ámbitos, dejan al descubierto el no cumplimiento de la legislación vigente como también la falta de implementación efectiva y real de la Ley Micaela", remarcaron.

 

Recornemos que a Paturlane la acusaron de no presentar rendiciones, de haber ignorado el pedido de formar un comité de crisis por la pandemia y varias ordenanzas votadas en ese cuerpo. También le reprochaban haberse aumentado las dietas en forma unilateral. Además, de algunas contrataciones irregulares. 

 

Por estos motivos, el Concejo Deliberante de esa localidad votó una suspensión por 60 días. Fueron 4 votos positivos y 2 en contra.

 

Luego de esto, la intendenta de Santa Isabel, ya cesanteada, presentó una medida cautelar, la que aceptó el Superior Tribunal de Justicia de La Pampa y ordenó restituirla en el cargo.

 

Ahora, desde la CTA  reclamaron una "necesaria y urgente formación en la temática de género y violencia contra las mujeres para quienes se desempeñan en la función pública", con el argumento de que "es el Estado el que tiene la responsabilidad de garantizar la perspectiva de género desde la transversalidad en todas las reparticiones que componen sus tres poderes".

 

"Reconocemos que la violencia contra las mujeres constituye una manifestación de relaciones de poder históricamente desiguales basadas en una supremacía de lo masculino, que ha redundado en diversas formas de discriminación, desigualdad y violencia. Este sistema de relaciones de poder y jerarquía impregnó las relaciones sociales, las instituciones y las leyes", remarcaron desde la CTA.

 

"Es cierto que se han producido enormes cambios en las últimas décadas respecto al rol social y político de las mujeres, pero las transformaciones sociales conviven con prácticas tradicionales resistentes a los cambios. Esto puede verificarse en los hechos que se vienen sucediendo en una comunidad pampeana, en relación a diferentes tipos de violencia de género, especialmente en violencia política. Más allá si existen o no causales administrativas, es necesario una decisión política que demuestre que en nuestra provincia de La Pampa no se admite, y no se admitirá, la violencia política contra las mujeres", insistieron.