La Cámara de Casación ordenó una vez más el arresto domiciliario de Lázaro Báez pero su suerte quedó en manos del Tribunal Oral Federal 4, que viene rechazando todos los planteos de la defensa. El tribunal definirá esta tarde si se hace efectiva la resolución de Casación o insiste con el pago de la fianza de $386 millones para dejar la cárcel de Ezeiza.
Esta mañana, la Sala IV de Casación hizo lugar a un recurso de casación interpuesto por la defensa de Báez y ordenó estar “ ala decisión dictada por el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal Nro. 7 de fecha 18 de marzo de 2020″, cuando el juez Sebastián Casanello le otorgó la domiciliaria en una casa del country Ayres de Pilar.
La interna judicial sobre la libertad de Báez arrancó el 8 de julio, con otro fallo de la Cámara de Casación en la causa conocida como M&P, donde se lo acusa de una maniobra de lavado de dinero de más de $125 millones. Desde entonces, el TOF viene rechazando sistemáticamente la libertad domiciliaria.
Hace dos semanas, el TOF 4 ratificó que Báez debía pagar una fianza de más de $386 millones para salir de la cárcel de Ezeiza. “Estar a lo dispuesto por este Tribunal el 4 del corriente mes y año con relación al pedido de arresto domiciliario en el marco del legajo no 3017/2013/TO4/3″, dice esa resolución, donde además fijó el monto de la caución en $386.578.500, siguiendo la pauta que le impuso Casación.
Lázaro Báez había fijado como domicilio una de sus 1.214 propiedades. Se trata de una casa en un barrio privado de Pilar, escriturada a nombre de Badial SA -una de sus empresas investigadas por lavado de dinero-. La casa con pileta climatizada, está valuada en aproximadamente en U$S 500.000.
Si bien el empresario K cuenta con un patrimonio -según el Tribunal de Tasación de la Nación (TTN)-, de U$S 205 millones, el mismo se encuentra embargado en al menos siete causas radicadas en Comodoro Py. En la mayoría de ellas, está procesado por lavado de activos. Por ello, al estar todos sus bienes cautelados y sus empresas intervenidas, no puede utilizar ese patrimonio para pagar una fianza. Sólo tiene como opción, un seguro de caución o que un tercero se haga cargo de la fianza impuesta para su excarcelación.
El ex socio comercial de Cristina Kirchner, ingresó a la cárcel en abril de 2016 y a la fecha afronta dos juicios orales. El primer conocido como la Ruta del Dinero K, donde las querellas y el fiscal solicitaron penas que van desde los ocho a los doce años y ahora se encuentran en etapa de alegatos las defensas. Por otro lado, desde mayo de 2019 comparte con la vicepresidenta el debate oral por el presunto direccionamiento de la obra pública, por parte del gobierno kirchnerista, a favor de su grupo empresarial: 51 licitaciones por $ 46.000 millones.
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