La decisión fue comunicada en el Boletín Oficial con la publicación de decreto 571/2017, que lleva la firma del presidente Mauricio Macri, del jefe de Gabinete, Marcos Peña, y del ministro de Hacienda, Nicolás Dujovne.
De fuertes vínculos con el kirchnerismo, Biscay fue designado en agosto de 2014 por el entonces ministro de Economía, Axel Kicillof, y tenía mandato hasta 2019.
Según el decreto, "existen variados y consistentes elementos de juicio que determinan la violación de la Carta Orgánica del Banco Central de la República Argentina por parte del señor Pedro Martín Biscay", abogado de 38 años egresado de la Universidad de Buenos Aires (UBA).
Además, resalta que la comisión bicameral que trató su salida "ha concluido expresando que las actitudes del mencionado Director no se compadecen con las obligaciones de su cargo y que afectan el marco de legalidad del Banco Central y los objetivos constitucionales del mismo".
Puntualmente, Biscay está acusado por el oficialismo de realizar "afirmaciones que ponen en riesgo los objetivos establecidos" en la Carta Orgánica del Banco, "particularmente en lo que se refiere a la estabilidad financiera en un sistema bancario de encajes fraccionarios y en el marco de un país que ha atravesado múltiples crisis cambiarias y bancarias en las últimas décadas".
En los últimos meses, publicó una serie de artículos financieros, particularmente en el diario Ámbito Financiero, en los que analizaba la política económica y monetaria del Gobierno y advertía de la posibilidad de una crisis.Antes de ser nombrado en el Banco Central, Biscay fue designado en diciembre de 2012 por la procuradora general, Alejandra Gils Carbó, como Coordinador del área "Fraude Económico y Bancario" de la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (Procelac) que conducía Carlos Gonella. Ayer, en un comunicado difundido en su cuenta de Twitter, Biscay advirtió que la comisión bicameral fue transformada por los miembros oficialistas Federico Pinedo, Eduardo Amadeo y Luciano Laspina "en un verdadero comité de censura política".
"Esta situación demuestra que el país atraviesa una etapa de agudo avasallamiento a las instituciones y a las bases republicanas y democráticas nunca antes visto en gobiernos constitucionales. Estamos viviendo en un estado cercano a la excepción, donde la ley deja de ser la pauta de actuación de los servidores públicos", señaló. Asimismo, remarcó que "esta situación pone en serio riesgo la estabilidad del Estado de Derecho y el conjunto de bienes jurídicos que deben ser promovidos y protegidos en una sociedad democrática".
