La política de achatamiento de la pirámide jubilatoria que se reeditó el viernes, y generar un ahorro presupuestario de casi $5.500 millones mensuales respecto de lo que hubiera significado aplicar la anterior “ley de movilidad”, parece una señal de lo que el Gobierno pretende en materia de ingresos en general: ralentizar el ritmo para reducir la “nominalidad” de la economía y bajar así la tasa de inflación sin aplicar nuevas dosis de ajuste fiscal y descartando cualquier forma de apretón monetario.