Si bien la causa se mantiene bajo secreto de sumario, la AFIP informó que "se investiga la existencia de una asociación ilícita que operó y proporcionó a miles de contribuyentes, distintos mecanismos ilegales para evadir obligaciones fiscales".

 

"Tales maniobras se habrían desplegado fundamentalmente en el período 2012-2015, proveyendo facturación electrónica apócrifa, generación de retenciones impositiva y previsionales falsas, concesión irregular de planes de pagos y aprobación irregular de documentación para importaciones aduaneras", señala el comunicado de la AFIP.

 

En tal sentido, se añade que a raíz de "una denuncia efectuada por la AFIP, la magistrada a cargo del Juzgado Criminal y Correccional Federal N°1 de San Isidro, Sandra Arroyo Salgado, dispuso más de 200 medidas de allanamiento".

 

Las actuaciones tuvieron origen "en la jurisdicción federal de la provincia de Salta, siendo que el juzgado de aquella ciudad impulso la investigación hasta que logró determinar que la organización delictiva tenía su asiento en la zona norte del conurbano bonaerense, prestando sus servicios en todo el territorio nacional".