La fiscal federal del partido bonaerense de Quilmes, Silvia Ruth Cavallo, requirió el inicio de la acción penal e incluyó, además, al rector de la UNAJ, Ernesto Villanueva, y a la funcionaria de la Auditoría General de la Nación Vilma Noemí Castillo. La funcionaria del Ministerio Público dictaminó que se debe investigar el convenio firmado en 2013 entre Villanueva y el Fondo para la Convergencia Estructural del Mercosur (FOCEM), por el cual la universidad recibiría 26,5 millones de dólares para obras, de los cuales casi 12,5 millones serían aportados por el Estado nacional. 

 

El dinero iba a ir destinado a la construcción de 17 aulas-laboratorios, que se repartirían en cinco para el área de Ingeniería Industrial, cuatro para el área de Electromecánica, siete para el área de Bioingeniería y uno para el área de Física.

 

Del total de los fondos, la UNAJ embolsó en 2013 unos 17 millones de dólares pero de los 17 laboratorios sólo se habrían construido dos y las obras de infraestructura e insumos presupuestados no fueron ejecutados, según informaron fuentes judiciales. Cavallo requirió que se investigue si los imputados perpetraron los delitos de "defraudación a la administración pública", "incumplimiento de los deberes de funcionario público", "malversación de caudales públicos" y "peculado".