El Gobierno, la Justicia y las autoridades políticas y judiciales de la provincia de Santa Fe pondrán en marcha esta tarde la aplicación en Rosario, la ciudad golpeada por la violencia narcocriminal, del Código Procesal Penal reformado, con el objetivo de agilizar los procesos y las investigaciones a delitos graves como el tráfico de drogas, secuestro, lavado de dinero y corrupción política, entre otros.

 

El acto se llevará a cabo a partir de las 16.30 en la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Rosario, y será encabezado por el ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona; la de Seguridad, Patricia Bullrich; el presidente de la Corte, Horacio Rosatti; el gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro; el presidente de la Cámara de Casación Federal, Mariano Borinsky; el Procurador General de la Nación, Eduardo Casal; la titular de la Defensoría General, Stella Maris Martínez, entre otros 150 invitados del ámbito nacional y provincial.

 

Se trata del desafío principal de la gestión de Cúneo Libarona en el Ministerio, debido al tamaño de la amenaza que representa para la institucionalidad democrática la violencia de las bandas narcocriminales que operan en esa ciudad, que tuvo el mes pasado el luctuoso saldo de cuatro asesinatos de inocentes por sicarios contratados presuntamente por traficantes que están detenidos en condiciones de altísima seguridad y confinados.

 

En una entrevista, el ministro Cúneo Libarona explicó la puesta en marcha del sistema acusatorio y aseguró que el objetivo de la aplicación allí del nuevo sistema es “tener una Justicia efectiva, rápida, que se reconcilie con la sociedad” y describió que en el marco del plan “Por Una Justicia Eficaz”, el tema “más importante es implementar en todo el país el nuevo Sistema Procesal”.

 

Por su parte, el gobernador Pullaro elogió a Cúneo Libarona por la puesta en marcha del sistema y se mostró optimista en que la aplicación del régimen -que fue aprobado en 2014 y sólo rige en Salta y Jujuy- pueda frenar la amenaza narco. El mandatario encabeza una cruzada contra las bandas criminales que en base al comercio ilegal de estupefacientes realizan múltiples acciones delictivas.

 

Pullaro reconoció que en la provincia, pero sobre todo en Rosario, “el narcotráfico creció y creció porque hubo mucha impunidad e inacción y tal vez hasta miedo”. “Ahora, va a haber alguien que acusa, alguien que defiende y a un juez que, sin estar contaminado por la investigación, resuelve. Antes el juez era el que hacía la instrucción y todo el proceso terminaba siendo menos transparente”.

 

 

En ese sentido, y según explicaron en el Ministerio de Justicia, el sistema que ya rige en Salta y Jujuy y se va a implementar en Rosario se caracteriza por una distinción marcada de los roles del fiscal, el defensor y el juez, que a partir del nuevo esquema asumirá un rol imparcial entre las partes y la víctima. Esto quiere decir que los jueces ya no son responsables de la investigación, sino que tendrán la tarea de controlar la investigación que lleva adelante la Fiscalía.

 

A partir del régimen acusatorio, la Fiscalía se hará responsable del resultado de la investigación y se modificará también la dinámica de las audiencias y de la interacción entre las partes. De acuerdo a lo informado, se elimina la figura del expediente, ya que todo se hará mediante exposiciones orales, basándose en un legajo que tiene el fiscal y que no tiene la obligación de compartir con el juez. “El juez solo se informa sobre las pretensiones de la Fiscalía en la audiencia oral y decide en base a lo que escucha. Este cambio facilita la litigación y permite un mejor ejercicio de los derechos procesales de las partes”, explicó el subsecretario de Política Criminal, Alberto Nanzer.

 

“En términos ya más de política criminal, es un sistema que, al darle control al Ministerio Público Fiscal de las investigaciones, le permite desarrollar una política de persecución penal, que es lo que Argentina hoy no tiene. Es muy importante que el sistema de justicia federal, que hoy opera de manera eminentemente reactiva, pueda hacerlo de manera proactiva, con una política de persecución penal basada en la identificación de fenómenos criminales prevalecientes en cada región”, agregó.

 

“Esto no quiere decir que se va a eliminar el crimen organizado, pero sí hay buenas razones para pensar que un sistema que le da el control de la persecución penal a la Fiscalía, que pone a los jueces en un rol de terceros imparciales y que le permite al Ministerio Público llevar a cabo una política de este tipo asegure un uso más estratégico, más selectivo de la persecución penal, que permita mostrar algún tipo de impacto”, consideró el funcionario del gobierno de Milei.