La delegación funcionaba en la calle Pellegrini al 100 en Santa Rosa, donde también se ubican las oficinas de la Agencia Nacional de Materiales Controlados (ANMaC) y el Centro de Acceso a la Justicia, organismos donde también echaron al personal.

 

Los trabajadores del INADI La Pampa dieron a conocer un comunicado durante las últimas horas, donde oficializaron el cierre y denunciaron situaciones de hostigamiento y persecución de parte de las nuevas autoridades.

 

Allí detallaron que en ese contexto desde el 10 de diciembre siguieron dándole continuidad institucional a las funciones básicas de la Delegación "en pos de garantizar el debido proceso de las denuncias tramitadas, de continuar con las capacitaciones a la sociedad civil y todas las tareas propias de una oficina nacional".

 

"Luego de haber sido objeto de hostigamiento, persecución, destrato y desidia por parte de las nuevas autoridades y del Ejecutivo nacional, se continuó trabajando hasta la fecha sin recursos ni directivas específicas para funcionar hasta haber sido notificados por mail a los empleados que no se renovarían sus contratos a partir del 31 de marzo. Estos hechos han dejado en claro que la delegación ya no operará con normalidad en la provincia", informaron.

 

Actualmente, el INADI está intervenido y a cargo quedó María de los Ángeles Quiroga, ex asesora del diputado macrista Cristian Ritondo.

 

Detallaron que a principios de marzo hubo una reunión virtual con dos asesores de Quiroga "para presentarse y, según dijeron, continuar trabajando y mostrando el trabajo del INADI". Esa reunión fue posterior a que, por medio del vocero presidencial, los trabajadores y las trabajadoras del Instituto se enteraran por los medios que este iba a ser "cerrado definitivamente".

 

"Preguntados a los asesores en reiteradas oportunidades sobre la posibilidad de cierre del instituto, la suerte de las delegaciones y su gente, los mismos respondieron con evasivas ambigüedades e incluso llegaron a decir que 'estamos acá, somos buenas gente, no venimos a perseguir a nadie'. Luego, ellos mismo fueron enviando notas por correos electrónico donde se anunciaba la baja de contratos", aseguraron.

 

"Penosamente toda esta maniobra del Ejecutivo Nacional representa un retroceso en términos democráticos, evidenciando que la discriminación y el acceso a la justicia no es un tema prioritario en la agenda de un gobierno abiertamente hostil e insensible y sin compromiso social", advirtieron.

 

En el cierre del comunicado, pidieron disculpas a "aquellas personas que buscaron asistencia a partir de diciembre 2023 y no recibieron respuestas satisfactorias debido a la falta de directivas claras desde la intervención central".

 

"La incertidumbre, la desidia, la falta de transparencia han marcado el cierre de esta delegación, dejando en evidencia el actuar de un gobierno déspota, sin compromiso con la igualdad y la defensa de los derechos humanos", finalizaron.