Falla institucional en La Pampa: la Legislatura difundió el nombre del bebé de Rancul en su web oficial

La Legislatura de La Pampa quedó en el centro de los cuestionamientos sobre sus propios procedimientos administrativos tras difundir en su sitio web un documento oficial que revela el nombre y apellido del bebé de Rancul, cuya situación legal se encuentra sujeta a un proceso de adoptabilidad y cuya identidad goza de especial protección legal.

Mientras una comisión especial creada por los diputados indaga sobre posibles irregularidades en el accionar de funcionarios y organismos estatales provinciales respecto al caso, la propia Cámara dejó al alcance público información personal que vulnera el derecho a la intimidad del menor de edad.

El origen del documento y la falta de anonimización

El traspié administrativo proviene de un petitorio de 26 páginas presentado el 10 de septiembre de 2026 por la familia de contención que tuvo al bebé bajo su cuidado. El texto fue incorporado formalmente a las actuaciones legislativas y subido de forma íntegra a la plataforma oficial del cuerpo parlamentario, desde donde continúa disponible para su descarga libre.

En la página 13 del archivo figura el nombre completo del niño dentro de la transcripción de una actuación judicial sobre su adoptabilidad, sin ningún tipo de ocultamiento o anonimización previa.

Paradójicamente, los propios firmantes del petitorio habían utilizado iniciales para referirse al niño en otros fragmentos del escrito, advirtiendo de manera expresa la necesidad de resguardar su identidad e intimidad en estricto cumplimiento de la normativa vigente para la niñez y la adolescencia.

Marco normativo y responsabilidades estatales

Pese a las advertencias de los particulares, el cuidado no se mantuvo en todo el texto ni fue subsanado por las autoridades legislativas antes de habilitar su publicación en la red. Desde el punto de vista jurídico, la obligación estatal de proteger los datos personales subsiste a pesar de que la documentación provenga de actores externos; una cosa es sumar un escrito a un expediente y otra muy distinta es volcarlo en internet sin chequear la presencia de información sensible.

La Ley Nacional 26.061 de Protección Integral de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes consagra en su artículo 22 el derecho a la dignidad, la reputación y la propia imagen, prohibiendo expresamente la divulgación de datos que permitan identificar de forma directa o indirecta a menores cuando dicha exposición vulnere su intimidad.

Una investigación bajo la lupa

El episodio adquiere mayor gravedad institucional debido al contexto en el que se desencadena. Ante la fuerte controversia pública y los reproches hacia el desempeño administrativo y judicial por el retiro del menor de su núcleo de contención, la Cámara de Diputados resolvió conformar una comisión investigadora para recopilar informes, expedientes y testimonios de los funcionarios involucrados.

Sin embargo, mientras fiscaliza el accionar de otras dependencias del Estado, el propio Poder Legislativo enfrenta cuestionamientos severos sobre sus mecanismos de control interno y el manejo de datos protegidos.

Si bien la transparencia parlamentaria es un pilar fundamental, esta no autoriza la libre difusión de información personal crítica, especialmente en causas de adoptabilidad. El hecho consumado abre interrogantes inevitables sobre quién supervisa los archivos antes de subirlos al sitio oficial, la existencia de protocolos de anonimización y las posibles responsabilidades de la propia Cámara en la vulneración de la intimidad del niño.