El Gobierno defendió la derogación de la Ley de Tierras y aseguró que no se pone en riesgo la soberanía

El vocero presidencial, Adrián Ravier, respaldó este martes la derogación de la Ley de Tierras Rurales y descartó que esta decisión vulnere la soberanía nacional. Las declaraciones se llevaron a cabo durante una conferencia de prensa en la Casa Rosada, donde el funcionario argumentó que levantar las barreras a la titularidad extranjera tiene como fin estimular inversiones a largo plazo y potenciar diversas áreas productivas.

Ravier hizo memoria sobre la ley original, sancionada en 2011, la cual fijaba un tope del 15% para la posesión extranjera sobre la superficie rural total del país, así como en cada provincia y municipio. Asimismo, indicó que dicha normativa quedó sin efecto a través del artículo 154 del DNU 70/2023, bajo la premisa de que el territorio argentino posee vastas extensiones con aptitud productiva que reclaman capitales frescos para su desarrollo.

En la misma línea, el portavoz detalló que los fondos externos podrían canalizarse hacia proyectos de “sistemas de riego, infraestructura, forestación, tecnología y nuevos desarrollos agropecuarios”. De acuerdo con su perspectiva, el propósito consiste en sentar las bases para que los recursos disponibles se traduzcan en un incremento de la producción, la creación de empleo y la actividad económica.

Aclaraciones sobre las fronteras y el marco legal

Frente a las críticas centradas en la soberanía y los límites limítrofes, Ravier buscó llevar tranquilidad: “Lejos de poner en venta nuestros recursos naturales o estratégicos, atentar contra nuestra soberanía o poner en riesgo nuestras fronteras, la medida busca potenciar la producción rural”, expresó.

Además, puntualizó que la anulación de la ley “no elimina ni modifica el régimen de zonas de seguridad de fronteras” y garantizó que esas regiones siguen sujetas a sus mecanismos particulares de fiscalización. “Tampoco afecta la soberanía territorial. La tierra continúa en la Argentina, sometida a nuestras leyes, nuestros impuestos y nuestra jurisdicción”, añadió.

El vocero también descalificó la normativa previa por considerarla incompatible con la Constitución Nacional, argumentando que los ciudadanos extranjeros poseen idénticos derechos civiles que los argentinos. “Son bienvenidos para trabajar la tierra y desarrollar industrias”, aseveró.

El panorama judicial y el debate político

Las afirmaciones del funcionario se dan a conocer después de que la Corte Suprema de Justicia dejara sin efecto un fallo que había frenado la derogación de la ley, bajo el argumento de que la entidad demandante carecía de legitimación procesal. El máximo tribunal aclaró que su resolución se abocó a un aspecto formal y evitó emitir juicio sobre la constitucionalidad sust54 del DNU 70/2023.

Simultáneamente, el litigio sigue su curso en los tribunales: este martes, la Corte resolvió convocar a dos conjueces para que participen en otro expediente que objeta la supresión de los topes a la titularidad rural extranjera.

En el plano político, Ravier advirtió acerca de las intenciones de sectores opositores por voltear el DNU 70/2023. A su entender, revocarlo implicaría retrotraer al país a un esquema plagado de regulaciones e intromisión estatal que coartaba la autonomía de compañías y ciudadanos.

La discusión es muy simple: si queremos una Argentina donde para producir, importar o exportar haya que pedir permiso al Estado o una Argentina donde la regla sea producir, comerciar y competir en libertad.