El Gobierno recurrirá la sentencia que declaró inconstitucional el decreto sobre el financiamiento universitario

El Gobierno nacional ratificó que presentará una apelación contra el fallo de primera instancia que declaró inconstitucional el decreto mediante el cual se había suspendido la Ley de Financiamiento Universitario, ordenando a su vez su ejecución de manera inmediata.

La medida fue emitida por el juez federal Martín Cormick, a cargo del Juzgado Contencioso Administrativo Federal N° 11, quien resolvió favorablemente los amparos interpuestos por el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) y la Universidad de Buenos Aires (UBA).

El magistrado anuló la disposición del decreto 759/2025 que supeditaba la puesta en marcha de la ley a la asignación de recursos presupuestarios específicos, y exigió al Poder Ejecutivo que promulgue las regulaciones reglamentarias indispensables para asegurar su cumplimiento sin demoras.

Desde la perspectiva de Cormick, el procedimiento adoptado por el Ejecutivo para obstaculizar la vigencia de la norma resultó extraconstitucional, al habilitar la paralización de una ley sancionada por ambas cámaras del Parlamento. En esa línea, el juez recordó que el artículo 9 de la propia normativa prevé mecanismos de financiamiento alternativos, tales como la reasignación de partidas y la utilización de ingresos corrientes excedentes, sin perjudicar la coparticipación federal de las provincias.

La normativa en cuestión fue aprobada en agosto de 2025 por impulso de la oposición. Tras el veto inicial del presidente Javier Milei, tanto la Cámara de Diputados como el Senado reunieron los apoyos necesarios para insistir con el texto, lo que derivó en su promulgación por parte del Ejecutivo en octubre de ese año a través del decreto 759/2025, el cual condicionó su aplicación a que el Congreso definiera las fuentes de recursos y sumara los créditos al Presupuesto.

De acuerdo con un cálculo de la Oficina de Presupuesto del Congreso citado por el magistrado, el impacto fiscal de la ley equivalía al 0,23% del PBI para el ejercicio 2025.

Una medida cautelar vigente

El expediente judicial registra un antecedente central fechado en diciembre de 2025, cuando Cormick dictó una medida cautelar que ordenó la ejecución urgente de los artículos 5 y 6 de la ley, orientados a la recomposición de haberes para docentes y no docentes, así como a la actualización de las becas para estudiantes.

Dicha cautelar fue ratificada por la Cámara en lo Contencioso Administrativo Federal, y el 25 de junio la Corte Suprema de Justicia desestimó el recurso extraordinario interpuesto por el Estado, dejando la medida firme mientras se tramitaba la discusión de fondo.

Paralelamente, el Ejecutivo argumenta que avanzó en la atención de los reclamos. El 10 de junio suscribió un acta con el CIN y los sindicatos del sector que contemplaba un incremento salarial del 24,33% sobre la masa salarial y un ajuste del 20% en los gastos de funcionamiento.

Con este entendimiento, el Gobierno solicitó el levantamiento de la cautelar, pero Cormick denegó el pedido el 1 de septiembre al estimar que el Estado no demostró una solución integral para frenar el deterioro de los ingresos en las universidades.

Las tratativas se frustraron nuevamente el 17 de septiembre, oportunidad en la cual la administración nacional ratificó un incremento adicional del 3% y comunicó que lo implementaría de manera unilateral. Los gremios rechazaron la propuesta y persistieron en su demanda de una recomposición mayor.

Ante este panorama, el juez consideró que la medida no se encontraba totalmente cumplida y fijó un plazo de cinco días al Ejecutivo para acatarla, bajo apercibimiento de imponer sanciones económicas diarias por cada día de retraso. Ante esto, el Gobierno solicitó que se deje sin efecto dicha intimación.

En su defensa, la gestión de Milei argumentó que los incrementos acumulados desde diciembre de 2023 treparon al 226,8%, superando el índice inflacionario del 226,46% tomado como parámetro para el periodo hasta agosto de 2025.

No obstante, Cormick desestimó dicho cálculo al entender que no se acreditó una actualización acorde a los parámetros exigidos por la ley. Del mismo modo, rechazó la postura oficial vinculada a las becas, las cuales el Gobierno asociaba al programa Manuel Belgrano, cuyo estipendio mensual fue incrementado este año a $187.495.

El 30 de septiembre, el magistrado reiteró el plazo de cinco días al Ejecutivo tras constatar un cumplimiento parcial de la orden judicial.

Tensión trasladada al Presupuesto 2027

En forma paralela al litigio en los tribunales, el debate presupuestario sigue su curso en el ámbito legislativo. El proyecto de Presupuesto 2027 asigna $7,349 mil millones para gastos de funcionamiento, inversiones y programas especiales destinados a las casas de altos estudios nacionales.

Desde el CIN tildaron dicha cifra de insuficiente y exigieron una asignación cercana a los $11 mil millones.

Entre tanto, las instituciones académicas y las agrupaciones sindicales sostienen sus protestas y ratificaron la realización de la Marcha Federal Universitaria prevista para el 15 de octubre, en reclamo de mayores fondos y una actualización salarial acorde a la inflación.