La casta y los privilegios: el escándalo detrás de la custodia y el vehículo oficial que conserva Manuel Adorni

Mientras el discurso oficial insiste con el ajuste y el fin de los privilegios, la realidad de la rosca política muestra otra cara. Fuera de cualquier marco legal que lo respalde —a diferencia del amparo con el que cuentan los expresidentes—, el ciudadano Manuel Adorni sigue atornillado a los beneficios del poder. Seguirá contando, al menos hasta el mes de diciembre, con una custodia de la Policía Federal prácticamente idéntica a la que ostentaba cuando era jefe de Gabinete.

El operativo no se limita a los efectivos policiales. El paquete de prebendas incluye también un soporte logístico a cargo de la Gendarmería Nacional cada vez que se desplaza hacia su domicilio, equipado con cascada, ubicado en el exclusivo country Indio Cua. Todo esto ocurre a pesar de que no existe ninguna manda judicial que justifique semejante despliegue de seguridad.

La orden que viene de arriba

Desde el Ministerio de Seguridad, cartera encabezada por Alejandra Monteoliva, son los encargados de instrumentar el operativo para blindar al exvocero y a su núcleo familiar. Lejos de tratarse de un procedimiento técnico o neutral, se trata de una directiva puramente política bajada de manera directa por los hermanos Javier y Karina Milei.

Ante las consultas en la sede ministerial ubicada sobre la calle Gelly y Obes, la coartada oficial se ampara en la realización previa de un supuesto estudio de "riesgo". Bajo ese argumento burocrático, supuestamente diseñado para proteger a los funcionarios salientes, se terminan justificando y otorgando estos beneficios financiados con el bolsillo de los contribuyentes.

Los datos clave de la maniobra:

• Beneficiario: Manuel Adorni (exjefe de Gabinete y exvocero).
• Fuerzas implicadas: Policía Federal y Gendarmería Nacional.
• Duración estimada del beneficio: Al menos hasta diciembre próximo.
• Cobertura logística: Custodia personal y apoyo en sus traslados a su domicilio en el country Indio Cua.
• Sustento legal: Inexistente (no hay normativa ni orden judicial que lo avale).
• Origen de la orden: Decisión política de Javier y Karina Milei ejecutada por el Ministerio de Seguridad de Alejandra Monteoliva.

Vale recordar que esta escandalosa situación no es nueva en el radar político, ya que había sido previamente denunciada ante la Justicia por la diputada Marcela Pagano, dejando en evidencia las contradicciones de una gestión que predica la austeridad pero sostiene los viejos vicios de la casta.