Habló la jueza que declaró inconstitucional el nuevo régimen penal juvenil: “Es estigmatizante”

La jueza Laura Beatriz De Marinis, titular del Juzgado Penal Juvenil, Contravencional y de Faltas N° 3 de la Ciudad de Buenos Aires, explicó los fundamentos de la resolución mediante la cual declaró inconstitucional, para un caso concreto, la aplicación del nuevo Régimen Penal Juvenil a un adolescente de 14 años acusado de tentativa de robo.

En diálogo con Radio Con Vos, con los periodistas Ernesto Tenembaum y Gustavo Grabia, la magistrada defendió su decisión y sostuvo que la intervención del sistema penal debe ser el último recurso cuando se trata de adolescentes.

“Aplicar el sistema penal, la respuesta desde el sistema penal, es regresivo para este adolescente, porque es estigmatizante”, afirmó De Marinis.

La jueza explicó que, en este caso particular, se trata de un adolescente que, según su evaluación, no había sido previamente alcanzado por las políticas estatales de protección, estaba fuera del sistema educativo y atravesaba una situación de vulnerabilidad.

“Se trata de un chico que no fue conocido por el Estado, que estaba sin educación y sin poder alimentarse; nos enteramos de su situación por el sistema penal y entonces le aplicamos el sistema penal. ¿A usted le parece razonable? Yo expliqué que no es proporcional”, sostuvo.

La resolución fue dictada a partir de un expediente iniciado por un intento de robo ocurrido el 10 de septiembre, cuando un hombre de 47 años denunció que había sido seguido por un grupo de adolescentes. La víctima logró escapar y pedir ayuda a un policía, tras lo cual los jóvenes fueron demorados. No hubo lesiones ni bienes sustraídos.

A partir de un planteo de la Defensa Oficial, acompañado por la Asesoría Tutelar, De Marinis declaró la inconstitucionalidad del artículo 1 de la Ley 27.801 respecto del adolescente y dispuso su sobreseimiento. La magistrada aclaró que su decisión no dejó sin efecto la ley para todos los adolescentes del país ni suspendió su vigencia, sino que estuvo limitada a las circunstancias de ese expediente.

“La decisión que tomé fue en el caso concreto”, remarcó durante la entrevista.

La jueza sostuvo además que someter a un adolescente a un proceso penal debería ser la última alternativa, incluso cuando la respuesta prevista inicialmente no implique una privación de la libertad.

Según explicó, una amonestación u otra medida dentro de un expediente penal también puede tener consecuencias posteriores y generar antecedentes frente a eventuales nuevos conflictos.

“Someter a proceso penal es lo último que tiene que ocurrir”, afirmó.

De Marinis fundamentó su postura en los principios de progresividad y no regresividad en materia de derechos humanos, además de las obligaciones derivadas de la Convención sobre los Derechos del Niño. En su interpretación, el Estado debe priorizar mecanismos de protección integral, acompañamiento familiar, escolar y social antes de recurrir al sistema penal.

La magistrada también aclaró que no rechaza en términos generales el nuevo Régimen Penal Juvenil. “La ley me parece una herramienta hermosa para poder armonizarla con la Convención y poder trabajar con los chicos en el día a día”, sostuvo, al explicar que su cuestionamiento está vinculado con la aplicación de la norma en determinadas trayectorias de vulnerabilidad.

El fallo generó una fuerte reacción política e institucional. El Ministerio Público Fiscal de la Ciudad apeló la resolución y cuestionó los fundamentos utilizados por la magistrada. La Fiscalía sostuvo que la jueza habría otorgado un alcance excesivo a determinados estándares internacionales y que la vulnerabilidad del adolescente no debería utilizarse para determinar la constitucionalidad de la edad de punibilidad.

La controversia también llegó al ámbito político porteño. Jorge Macri anunció que impulsaría un pedido de juicio político contra la magistrada, mientras que otros dirigentes cuestionaron públicamente su decisión.

Frente a esas críticas, De Marinis defendió la independencia judicial y sostuvo que las decisiones de los magistrados deben ser cuestionadas mediante los mecanismos previstos por la Justicia, como la apelación presentada por la Fiscalía.

Ahora, la resolución deberá ser analizada por la Cámara, que tendrá que definir si mantiene el criterio adoptado por De Marinis o si revoca el fallo y permite que el expediente continúe bajo el nuevo régimen penal juvenil.