Fernando Cerimedo habló por primera vez públicamente desde la cárcel de Palmasola, donde permanece detenido en Bolivia, y protagonizó un momento de fuerte tensión durante una audiencia judicial al referirse a su familia en Argentina y a las consecuencias que tienen las investigaciones abiertas en su contra.

El consultor político argentino participó de manera virtual de una audiencia cautelar realizada este sábado por una causa en la que está acusado de presunto enriquecimiento ilícito con afectación al Estado.

Luego de varias horas de audiencia, el juez Douglas Borda resolvió que Cerimedo cumpla seis meses de prisión preventiva en el penal de máxima seguridad de Chonchocoro, por lo que deberá ser trasladado desde Palmasola, en Santa Cruz de la Sierra, hasta el departamento de La Paz.

Cerimedo ya se encuentra detenido preventivamente por otra investigación relacionada con el ataque armado contra su expareja, Nadia Beller, quien lo acusó de haber intentado asesinarla. El argentino rechaza esa acusación y sostiene que el caso será esclarecido.

Durante su exposición ante el juez, Cerimedo aseguró que nunca tuvo intención de abandonar Bolivia y que se presentó voluntariamente ante la Justicia.

“Yo no me voy a fugar, señor juez. Yo quiero terminar este proceso porque me arruinaron la vida”, sostuvo.

El consultor insistió en que se encuentra privado de su libertad por un hecho que, según su versión, no ocurrió.

“Yo estoy en un penal, estoy encerrado, señor juez, por algo que no ocurrió. Yo me sometí voluntariamente a la Justicia”, afirmó.

También explicó que su situación judicial tuvo consecuencias directas sobre su familia y aseguró ser el principal sostén económico de su hogar.

“Yo soy el único sustento de mi familia. Hoy mi familia en Argentina no tiene ni siquiera acceso a las cuentas”, expresó, visiblemente afectado.

Cerimedo contó además que decidió limitar el contacto con sus familiares para evitar cualquier posibilidad de que la Justicia considere que intenta interferir en la investigación.

“No puedo hablar ni siquiera con mis hijos. Pero no quiero para no obstaculizar nada”, manifestó.

En ese contexto, pidió que se le permita afrontar el proceso en libertad y continuar con su actividad profesional. Incluso propuso que se establezca un mecanismo de arraigo y aseguró que necesita acceso a internet para poder trabajar.

Uno de los puntos centrales de la investigación por supuesto enriquecimiento ilícito está relacionado con los ingresos que declaró Cerimedo y el dinero encontrado durante los allanamientos.

Según había trascendido de una declaración anterior, el consultor habría señalado que sus ingresos alcanzaban aproximadamente un millón de dólares mensuales.

Durante la audiencia de este sábado, Cerimedo buscó aclarar esa información y aseguró que existió una confusión.

“Que aclaren que mi ingreso es aproximadamente un millón de dólares al año, no al mes”, afirmó.

El argentino explicó que sus ingresos provienen de empresas y trabajos de consultoría en Argentina y Estados Unidos, vinculados principalmente con su actividad profesional.

La Fiscalía, en tanto, incorporó a la investigación el hallazgo de 500.000 dólares en efectivo, además de moneda boliviana y euros durante distintos allanamientos realizados en domicilios relacionados con el acusado.

La defensa cuestionó que esos elementos permitan demostrar un perjuicio contra el Estado y sostuvo que la Fiscalía no logró acreditar de qué manera Cerimedo habría cometido el delito que se le atribuye.

Durante su declaración ante la Justicia boliviana, Cerimedo también reconoció que asesoró durante la campaña presidencial a Rodrigo Paz, actual presidente de Bolivia.

Sin embargo, buscó delimitar su participación y explicó que su tarea estuvo relacionada con la comunicación digital y el asesoramiento político, y negó haber tenido un cargo formal dentro del Gobierno.

En ese sentido, también se refirió a una tarjeta que había circulado con su nombre y el supuesto cargo de “asesor principal” de Paz.

Cerimedo aseguró que se trataba solamente de un modelo que había solicitado, pero que nunca llegó a imprimirse porque ese cargo no existe dentro de la estructura estatal boliviana.

La audiencia también tuvo un capítulo político luego de la intervención del vicepresidente de Bolivia, Edmand Lara, quien había solicitado que Cerimedo fuera trasladado al penal de máxima seguridad de Chonchocoro.

El consultor respondió con dureza y rechazó las acusaciones sobre una supuesta influencia política dentro del Gobierno de Rodrigo Paz.

“No soy un asesino como dijo el mitómano del vicepresidente. No soy un narcotraficante, he denunciado narcotráfico con resultados positivos. Y no soy un violento”, afirmó.

Cerimedo también cuestionó la versión según la cual habría tenido un alto nivel de influencia dentro del Ejecutivo boliviano.

“Si yo hubiese tenido una alta influencia, señor juez, le garantizo que muchas de las cosas que pasaron en Bolivia no hubiesen ocurrido”, sostuvo.

Para el consultor, la intervención del vicepresidente respondió a una cuestión personal y tuvo como objetivo influir sobre las decisiones judiciales.

“Parece a modo de amedrentar o de querer influir sobre decisiones, por una cuestión personal que él tiene conmigo”, manifestó.

Además de la nueva investigación por supuesto enriquecimiento ilícito, Cerimedo continúa detenido por el expediente relacionado con Nadia Beller, su expareja, quien sobrevivió a un ataque en el que recibió tres disparos.

El consultor volvió a rechazar las acusaciones y aseguró que la causa terminará demostrando su inocencia.

“Estoy en Palmasola por un hecho del que estoy seguro que pronto se va a esclarecer también, porque no tiene ni pies ni cabeza”, sostuvo.

A su vez, negó que exista una causa formal en su contra por narcotráfico y aseguró que continuará presentando elementos ante la Justicia para defenderse.

Con la nueva resolución, Cerimedo deberá afrontar otros seis meses de prisión preventiva por la investigación por supuesto enriquecimiento ilícito, mientras continúa vigente la medida cautelar dictada en la causa por el ataque contra Beller.

Ahora, la Justicia deberá definir cómo se instrumentará su traslado desde Palmasola hasta Chonchocoro, mientras avanzan las distintas investigaciones que mantienen al consultor argentino detenido en Bolivia.