La Fiscalía Federal de San Nicolás y la Procuraduría de Trata y Explotación de Personas (Protex) solicitaron el procesamiento por trata laboral de los directivos de la empresa Satus Ager por la explotación de 237 trabajadores en campos ubicados en Ramallo y Arrecifes, provincia de Buenos Aires.

 

El pedido fue realizado al juez Carlos Villafuerte Ruzo contra la firma dedicada al desflore de maíz.

 

La fiscalía pidió también que se dicte la inhibición general de bienes a todos los imputados y que se traben embargos hasta alcanzar, al menos, la suma de 22.430.485 pesos para garantizar la reparación de todas las víctimas, informó hoy el sitio Fiscales.gob.ar.

 

También los y las representantes del Ministerio Público Fiscal (MPF) solicitaron que se ordene el inicio de una investigación patrimonial a todos los imputados.

 

De acuerdo con la presentación del MPF, los directivos y encargados están acusados de haber participado en la captación de trabajadores, en su mayoría oriundos de la provincia de Santiago del Estero.

 

Describieron que, una vez llegadas a los campos bonaerenses, las víctimas debían trabajar “de sol a sol” en condiciones infrahumanas: sin baños, luz, agua potable, con comida vencida y malos tratos.

 

Según la investigación, los hechos tuvieron lugar en los campos denominados “Doña Clementina” y “Santa Celestina”, durante diciembre de 2010 y enero de 2011.

 

La causa se inició a raíz de una inspección realizada por el Municipio de Ramallo el 6 de enero de 2011, y los allanamientos se llevaron a cabo dos días después.

 

El 18 de diciembre de 2018 el Juzgado Federal de San Nicolás dictó los sobreseimientos de los imputados, pero en febrero de 2020, la Sala B de la Cámara Federal de Rosario revocó la resolución.

 

Según la declaración de las víctimas, la organización del traslado era por cuadrillas de aproximadamente 17 personas -15 obreros, un cocinero y un encargado de controlar la cuadrilla- que partían conjuntamente desde su pueblo natal hasta el lugar de trabajo en micros provistos por la empresa.

 

Varios trabajadores señalaron que desconocían las características, el tiempo de trabajo y la remuneración que iban a cobrar por las tareas que debían realizar.

 

Asimismo, otros recibieron ofertas que superaban ampliamente las condiciones con las que se encontraron al arribar.

 

Según se desprende del dictamen, la actividad del desflorado de maíz es realizada por los trabajadores más empobrecidos de nuestro país.

 

La fiscalía señaló que los trabajadores debían realizan jornadas que oscilaban entre 10 y 14 horas diarias, que el pago era por hectáreas, y que podían realizar una determinada cantidad por semana.

 

Sin embargo, los obligaban a repasar cada hectárea una y otra vez y, por ende, la paga se reducía drásticamente, remarcaron.

 

Además, las víctimas eran alojadas en precarios “trailers” y en galpones de chapa, en condiciones de hacinamiento.

 

Según consta en el dictamen, “aproximadamente 80 empleados vivían en una casilla prearmada totalmente construida de chapas con piso de tierra, camas cuchetas estilo militar y sin ningún tipo de alumbrado”.

 

La Fiscalía repasó los testimonios de las víctimas, las que detallaron que los campos de Satus Ager S.A. no contaban con luz, baños ni agua potable.

 

“El agua la teníamos que acarrear desde el molino en tachos de glifosato que cortábamos o en los bidones de jugo. Y en los tarros de glifosato lavamos los platos, la ropa, entre otras cosas”, declaró una de las víctimas.

 

Uno de los trabajadores aseguró: “Si queremos algo esencial como jabón en polvo, champú, cosas para bañarse, nos descuentan del salario. O sea que no sé cuánto cobraré finalmente”.

 

Varios trabajadores coincidieron en señalar que, de querer interrumpir la relación laboral y retornar a su pueblo natal, no podían hacerlo individualmente -más allá del impedimento económico- sino que solo podían resolverlo de manera grupal y por cuadrilla.